La empresa de residencias ordenaba no sustituir a personal ausente o que trabajadores realizasen funciones de auxiliar de enfermería para las que no estaban cualificados, entre otras prácticas irregulares. “En nuestro contrato ponía director de explotación, así que explotamos”, ironiza con amargura Francine, que dirigió un centro de Orpea en el norte de Francia. La multinacional asegura que "no tiene" constancia de ninguna actuación contraria a las normas.
Miedo. A Martin (nombre supuesto), exdirector de una residencia de Orpea, que dedicó más de una década de su vida a la empresa, su antiguo empleador le sigue dando miedo. Hoy dice que teme por su frágil salud, que teme que la empresa le demande si se entera de que habla con los periodistas.
En su piso, frente a la mesa de cristal del salón, tiene el corazón en un puño y, frente a él, unos preciosos documentos de esos años pasados en el principal grupo de residencias privada del mundo. Muchos han sido triturados para poder “hacer el duelo”. Como muchos antiguos empleados, siguió con interés el escándalo Orpea que estalló hace mes y medio, cuando se publicó el libro Les Fossoyeurs del periodista Victor Castanet. Hoy, Martin también quiere contar cómo alimentó el engranaje que sostiene Orpea.
Incluso reduciendo los puestos de trabajo de un personal al límite que trabaja día y noche con los residentes. Sin embargo, en el sector de las residencias, se trata de la mayor partida de gastos que financia el Estado francés. El 90% de las cantidades asignadas por el sistema de seguro de enfermedad y los departamentos se destinan al pago de los salarios de enfermeras, auxiliares, psicólogos, farmacéuticos y asistentes médicos que acompañan a las personas mayores dependientes.
Siguiendo el ejemplo de Martin, varios exdirectivos de estos establecimientos (en funciones entre 2010 y 2020) han contado a Mediapart (socio editorial de infoLibre) e Investigate Europe cómo, siguiendo las órdenes de algunos de sus superiores, desviaron ayudas asignadas por las agencias regionales de salud (ARS) y los departamentos a sus propios establecimientos en beneficio del grupo Orpea. A preguntas de Mediapart, el grupo respondió que “no tenía conocimiento de tales prácticas”.
“Orpea recorta en todo, analiza cada ahorro por pequeño que sea”, resume Clément (nombre supuesto), exdirector de una residencia. Es la política de los arroyos que forman los ríos”.
Al término de estas negociaciones, los socios firman un acuerdo en el que figura el número de equivalentes a tiempo completo (ETC) asignados al establecimiento: tantos ETC auxiliares, tantos ETC enfermeros/as, tantos ETC psicólogos/as, etc. Sin embargo, según el testimonio de estos directores, Orpea no siempre lo entiende así. Para gestionar su masa salarial de la forma más rentable posible, el grupo, que gestiona 226 establecimientos para personas mayores dependientes en Francia, no duda en desvestir a un santo para vestir a otro.
Todavía sentado en su salón, Martin se toca nerviosamente el cuello de la camisa. “He tenido unos años muy complicados, con mucha presión, sin personal suficiente”, comienza, como para justificar lo que sigue. Abre la carpeta de documentos que tiene delante y saca las facturas de una empresa de trabajo temporal para puestos de auxiliar de enfermería y enfermero, todas dirigidas a su establecimiento. El problema es que estos empleados no trabajaban allí. Según estos documentos y los correos electrónicos que también obran en nuestro poder, este personal fue enviado en comisión de servicio a otras residencias de su ciudad, pero también al otro extremo de Francia.
“Es una injusticia. Pasaba apuros con mis trabajadores, familias y residentes y parte del dinero estatal negociado para mi establecimiento con la ARS servía para pagar una factura salarial de otras residencias”. Según las facturas que nos enseña–por importes que van de una a varias decenas de miles de euros–, el desvío de las ayudas asignadas por la ARS y el departamento se habría producido en varias ocasiones. Frente a nosotros y su pila de documentos, Martin lamenta este proceso en el que “participó” y que considera “deshonesto”.
Sin embargo, a tenor de los intercambios de correos electrónicos internos a los que ha tenido acceso Mediapart, el director sólo seguía las órdenes de su empleador. De hecho, las imputaciones irregulares de este personal fueron solicitadas por la dirección regional del grupo y luego aplicadas por él.
Según nuestra investigación, este “desvío geográfico” de las ayudas públicas no se limitó al establecimiento de Martin. Francine M., antigua directora de dos residencias de Orpea, cuenta que abandonó el grupo tras negarse a pagar el personal enviado a otros establecimientos: “Estaba abriendo una residencia en las Ardenas [noreste de Francia], todavía no teníamos todas las plazas ocupadas. La dirección regional me llamó para que pidiese asistentes y enfermeros/as temporales para enviarlos a una residencia en Aisne [al noreste de París]. Tenía que pagarles sin que trabajaran para mí. Dije que no, era la gota que colmaba el vaso”.
Estas artimañas funcionan incluso en tiempos de crisis. En la primavera de 2020, la primera oleada de covid-19 hizo estragos en los establecimientos para personas mayores dependientes, las primeras víctimas del virus. Como la mayoría de los responsables de centros, Clément (nombre supuesto) está en pie de guerra. Este antiguo auxiliar, incluso vestía la misma bata para apoyar a sus empleados. Ello no impide que la dirección le pida “que se deshaga de algunos empleados para que vayan a un establecimiento situado a tres horas de distancia”. “A finales de mes descubrí, con gran sorpresa, que era mi centro quien había pagado a este personal”.
En resumen, las ARS y los departamentos implicados pagaban sueldos de personal que trabajaba en zonas ajenas a su territorio. “Esto no es legal”, responde el Ministerio de Solidaridad y Salud, preguntado por Mediapart sobre la cuestión. “La financiación del ARS a la que tiene derecho una residencia de mayores depende de la evaluación de sus necesidades de atención, según el perfil de sus residentes. Por lo tanto, no pueden ser trasladados a otro centro, que además está en otra región”.
Por añadidura, este “desvío geográfico” dificulta enormemente el control del buen uso de los fondos públicos. “Esto puede plantear grandes problemas, sobre todo en cuanto a la capacidad de controlar realmente cómo se utilizan los fondos de atención y dependencia”, afirma Gaël Hilleret, experto de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), responsable de la financiación de la autonomía.
En las residencias de mayores dependientes, los controles se realizan regional y departamentalmente. Por lo tanto, las autoridades no pueden estar seguras de que el dinero pagado por un director en su residencia del norte para un puesto de enfermero en el sur haya sido efectivamente pagado con ese fin.
“Con esta práctica de pagar a temporales en otro centro, hacen que los cargos aparezcan donde les conviene”, analiza un antiguo directivo de ARS que accede a hablar con la condición de permanecer en el anonimato. “Sin embargo, en el caso de los centros privados comerciales, las autoridades no ven lo que ocurre con el 60% de sus presupuestos, en la dotación de alojamiento que no pueden controlar”.
A preguntas de Mediapart, el grupo Orpea responde que “el grupo no organiza un sistema destinado a pagar los auxiliares de una residencia utilizando los fondos asignados a otra” y afirma “no tener conocimiento de tales prácticas”.
Las autoridades distribuyen sus ayudas a través de dos dotaciones: una dotación dedicada a la “atención”, principalmente para el pago de los salarios del personal asistencial (enfermeras, auxiliares, etc.); y otra dotación dedicada a la “dependencia”, para el pago de los salarios del personal asistencial (psicólogos, auxiliares médicopsicológicos, etc.). La partida restante, la tercera, se dedica al alojamiento (gestión, entretenimiento, restauración). Esta última, la más estratégica, se financia con el dinero que pagan los residentes y sus familias. Mientras que las residencias de mayores privadas tienen prohibido obtener beneficios en las dos primeras, en esta tercera se obtienen los márgenes de los gigantes del sector.
Para los que quieren obtener el máximo beneficio, las reglas del juego son sencillas: que los gastos de personal, incluidos en las dos primeras partidas, que pagan las autoridades, supongan el mayor dispendio y limitar los gastos de alojamiento.
Cabe recordar que Orpea anunció el 11 de marzo unos resultados financieros para 2021 que incluyen un aumento del 9,2% en la facturación (4.285 millones de euros) y un crecimiento en su excedente bruto de explotación que alcanzó los 1.068 millones de euros. O lo que es lo mismo, un margen del 24,9%, según AFP.
Francine M., nuestra exdirectora en el Norte, denomina a este proceso “movimiento de puestos”. La idea es pedir a los auxiliares de enfermería, cuyos salarios paga la seguridad social, que se encarguen de las tareas domésticas que son responsabilidad de otros auxiliares, cuyos salarios salen de las arcas de Orpea (de la partida “alojamiento”). Por ejemplo, en el centro de Émilie (nombre supuesto), exasistente de dirección en la región de las Bocas del Ródano [sureste], se pedía a los auxiliares de enfermería que “hicieran las camas, una tarea normalmente que hacen otros auxiliares [dedicados al aseo de los residentes y a las labores de limpieza]”, según cuenta.
Y la práctica no se limitaba al Norte y a las Bocas del Ródano. En un correo electrónico interno al que hemos tenido acceso, una dirección regional explica que Loïc Battesti, actual vicepresidente del grupo, que en ese momento ocupaba un cargo inferior, pidió a un responsable de residencia que redujera el número de auxiliares y que los auxiliares de enfermería realizaran tareas de hostelería.
Puestos al habla con él, Loïc Battesti nos remitió al departamento de comunicación de Orpea y se limitó a responder que nuestras preguntas se referían a sus “antiguas funciones” y a “elementos que probablemente se remontan a más de diez años atrás”.
Según el extrabajador de la ARS citada, esta práctica tiene como objetivo obtener márgenes de dinero público: “Si le dices a la ARS y al departamento: ‘Gasto tanto en cuidados’, pero en realidad parte de ese personal está haciendo tareas que entran en la partida de alojamiento, por ejemplo, un auxiliar de enfermería que está haciendo tareas que no le corresponden, consigues que la compañía de seguros de salud te pague ese empleado y así aumentas tu beneficio”. Y como esto se hace fuera de la partida de alojamiento, que el Estado no puede controlar, eres libre de usarlo...
Al contrario, a veces se pide a estos auxiliares que “hagan” de auxiliares de enfermería. Sin embargo, en este sentido, el “movimiento” puede ser más peligroso para el o la residente. Una sindicalista de Orpea-CGT en las Bocas de Ródano ha denunciado recientemente por correo electrónico una práctica que le parece preocupante a la dirección de un establecimiento de Vitrolles, así como a la sede de Orpea, a la ARS y al departamento.
Cuenta que “un fin de semana de febrero en esta residencia, auxiliares se hicieron pasar por auxiliares de enfermería. Esto significa que empleados sustitutos sin titulación ni formación adecuada se hicieron cargo del cuidado de los residentes de esta casa”. Este movimiento es más inquietante por cuanto los auxiliares, que deben realizar las tareas domésticas, “no disponen de los códigos de acceso a los programas informáticos en los que figuran los datos, en particular los relativos a las patologías”. ¿Cómo pueden, por ejemplo, evitar cuidados contraindicados?
En este caso, en esta residencia, estos trabajadores temporales tampoco tienen acceso a la dieta de cada residente. ¿Tienen que seguir dieta mixta, triturada o normal? “Tuvimos un problema este fin de semana de febrero. Una residente que sólo debía ser alimentada mediante jeringa fue alimentada por la boca”, explica con pudor la sindicalista.
Preguntado por este episodio, Orpea responde: “En el marco de una sustitución, existe un código de acceso al expediente asistencial para los trabajadores temporales, que le facilita el equipo de enfermería de guardia. Además, y al igual que cualquier empleado, el trabajador temporal debe tener a su disposición, en su carro, el plan de atención de cada residente que tiene a su cargo, con los detalles de toda la jornada, para garantizar la atención propuesta. De este modo,Orpea pone los medios necesarios para que cada persona pueda llevar a cabo sus tareas”.
En su correo electrónico, la sindicalista de CGT afirmaba: “Estas personas no cualificadas cuidaban de los residentes sin la supervisión de los cuidadores [...]. Fue la gobernanta quien se ocupó de la organización de los cuidados y no me parece que esa sea su función”. ¿La gobernanta? La persona encargada de pedir sábanas, toallas y servicios generales de hostelería, sin títulación sanitaria. Orpea dice que debe haber alguna “confusión” al respecto.
Preguntado por la situación de esta residencia, la ARS Provenza-Alpes-Costa Azul ha respondido que “las denuncias realizadas se han tenido en cuenta, evidentemente, y se han incorporado a las investigaciones”. En cuanto a los servicios departamentales, nos dicen que han sido “informados de disfunciones en este establecimiento por informes de médicos y usuarios desde diciembre de 2020”. Y hacen constar que “trabajan con los servicios del Estado (ARS Paca) para aplicar las medidas correctoras necesarias”. La dirección del centro no ha respondido a nuestras preguntas.
Sobre el terreno, otros testigos se muestran preocupados por las consecuencias de estos malabarismos con el dinero público en los pacientes. Así, Jeanne (nombre supuesto), una auxiliar de enfermería que sigue trabajando en Orpea, nos cuenta que en su establecimiento se contrata a auxiliares de limpieza para que actúen como auxliares de enfermería. El resultado: “Sólo hay dos auxiliares de enfermería tituladas de los siete que debería haber para atender a los 80 residentes...”.
En el norte de Francia, Francine M. no dudaba en afirmar que “los auxiliares de limpieza que ejercen de auxiliares de enfermería cobraban el sueldo de la asignación asistencial de los fondos del seguro de enfermedad”. Asegura que su dirección regional no se anduvo con rodeos: “Cuando tenía que hacer una sustitución, me dijeron que pusiera auxiliares de limpieza en los puestos de auxiliar de enfermería”. ¿La justificación de este movimiento ante las autoridades de supervisión? “Escribía que contrataba a un asistente de limpieza ‘a la espera de que se contrate a una auxiliar de enfermería’. Claro que nunca se producía esa contratación. Todo era provisional”.
En el centro de las Bocas del Ródano ya mencionado, la representante de la CGT se pregunta qué pasó con el salario (de dinero público) de los auxiliares de enfermería que debían trabajar ese famoso fin de semana de febrero y que no fueron sustituidos. “No sé a dónde va a parar el dinero del presupuesto de cuidados”, se lamenta la sindicalista. Clément, el exauxiliar que llegó a dirigir el establecimiento de Orpea, está convencido de que “el dinero público se utilizó para obtener beneficios a costa de nuestras personas mayores”.
¿Es ilegal esta técnica de “movimiento de puestos”? Estos movimientos sólo se autorizan en caso de “una urgencia o un absentismo importante”, responde el Ministerio de Sanidad. Esta justificación es fácil de encontrar en el sector de las residencias de ancianos, que está sometido a una tensión permanente (10% de absentismo, de media). Aquí es donde se supone que intervienen las autoridades de supervisión, para verificar la correcta asignación de puestos.
El problema es que, aunque dispongan del personal necesario para comprobar todas las residencias, no tienen acceso a una gran parte de las cuentas. “Los centros comerciales privados están sujetos a una transmisión de información financiera completa sobre las partidas de atención y dependencia, pero opcional sobre el alojamiento”, explica el experto del CNSA. “Así que sus supervisores no tienen necesariamente la información”.
Preguntado sobre este punto, Orpea precisa que “en lo que respecta a los auxiliares de limpieza, algunos de ellos pueden ser requeridos, en función de su experiencia, para realizar labores de auxiliares de enfermería, junto a un profesional cualificado. […] Esto puede ser necesario ante dificultades de contratación relacionadas con un contexto de falta de personal. De acuerdo con la normativa, estos auxiliares de limpieza reciben el pago de las prestaciones por cuidados y dependencia puesto que acceden a un curso de diplomado de auxiliar de enfermería”.
Sin embargo, el 8 de marzo, en respuesta al escándalo provocado por Les Fossoyeurs, el Gobierno prometió que el Tribunal y las cámaras regionales de auditoría podrían en el futuro “controlar la partida de alojamiento” de las residencias. Esta reforma requeriría una ley. El mismo día, Véronique Hammerer, diputada del LREM y coponente de una “misión relámpago” sobre las residencias de mayores, insistió en la entrega de sus conclusiones: “Hoy en día, los grupos privados no tienen las mismas obligaciones [que los establecimientos públicos] ante las autoridades de control, sobre todo en lo que respecta a la presentación de sus cuentas, una excepción que han obtenido por el secreto comercial. Podemos ver que esto ya no es de recibo”.
Francine, antigua directora en el Norte, habla de este tipo de instrucciones, y añade: “Cuando había demasiadas bajas, a los residentes que no tenían familia se les ponía directamente el pijama y se les metía en la cama a la 1.30 de la tarde porque los auxiliares de enfermería estaban desbordados...”.
En el Sur, esta vez, es Emilie, asistente de dirección hasta 2019, la que habla: “La central nos animó a reducir el número de sustituciones de cara a la previsión de gasto de personal, aunque estábamos faltos de personal”. El periodista Victor Castanet, en su libro Les Fossoyeurs, menciona órdenes similares en la residencia Orpea Bords-de-Seine, en Isla de Francia y en Bretaña.
Orpea niega indicaciones en este sentido. “El grupo no da instrucciones para no cubrir puestos vacantes. Nuestro deseo es garantizar la correcta atención y seguridad de los residentes en todos nuestros establecimientos con los recursos adecuados. […] Por otra parte, es cierto que, ante la ausencia inesperada de un cuidador para ese mismo día, a veces puede resultar complicado (o incluso infructuoso) sustituir inmediatamente al personal ausente, dada la escasez de profesionales sanitarios, aunque los directores de los establecimientos despliegan toda su energía por encontrar soluciones de sustitución, tanto para garantizar la atención a los residentes como para mantener el número de efectivos que permita a nuestros empleados trabajar en las mejores condiciones posibles”.
Sin embargo, un correo electrónico interno al que hemos tenido acceso sugiere que la no sustitución del personal es una práctica repetida en el grupo. En este documento, Loïc Battesti (ya mencionado), actual vicepresidente ejecutivo de Orpea para la eficiencia operativa, ordena a varios directores de residencia que habían enviado sus previsiones presupuestarias para su validación que no sustituyan al personal que falta. En cada ocasión, las órdenes de no sustitución se referían a puestos de enfermería y de auxiliar de enfermería, financiados por el seguro de enfermedad. Al preguntarle por este correo electrónico, Loïc Battesti nos remitió al departamento de comunicación de Orpea.
La no cobertura de puestos ya financiados por el ARS y los departamentos permitiría un superávit directo. Sin embargo, como recuerda el exdirigente del ARS ya mencionado, la ley es muy clara: “Si hay un excedente en las dos partidas de dinero público, hay que informar de ello y reinvertirlo. No obtener beneficios”. ¿Lo ha declarado Orpea alguna vez al Estado? Si es así, ¿lo ha reinvertido? Orpea no ha respondido a este punto.
Pase lo que pase, el diagnóstico sigue siendo el mismo: con la no cobertura de cierto personal, Orpea habría empeorado las condiciones de trabajo de unos empleados ya presionados y podría haber puesto en riesgo la salud de los residentes.
La pregunta que surge al final de nuestra investigación es: ¿cómo aceptaron estos antiguos directivos, algunos de ellos, durante años, colaborar en la aplicación de estos procedimientos? Con la técnica de la zanahoria y el palo, Orpea ha hecho todo lo posible por garantizar su fidelidad.
“Cuanto menos dinero se gasta, mayor es la prima”, dice Francine M., que pasó diez años navegando por el sistema Orpea. Martin es más gráfico: “Cuanto menos consuma un directivo, mayor será la zanahoria”.
La interpretación de Clément es más elegante, en lo que respecta a su época: “Si un director quiere su prima, tiene que ahorrar entre un 9 y un 20% al año en el presupuesto. Así que si se reduce la masa salarial, se obtienen más primas porque se puede ganar potencialmente algo de margen”. La masa salarial es, con mucho, la mayor partida de gastos de una residencia.
“En el comité ejecutivo, en la reunión mensual en la sede central, solían clasificar los diez mejores y peores establecimientos, los aciertos y los fallos”, dice Clément, el antiguo director. Según él, se trata de una forma de premiar y castigar a los buenos y malos alumnos en materia de control de costes.
Aunque Clément nunca fue amonestado por la gestión de su personal, su residencia figuró en su día entre los “fracasos por gastos de alimentación”. Por haber querido mejorar las comidas habituales de sus residentes, sufrió una “humillación” pública, en presencia de sus homólogos y, luego, durante varios meses, un “seguimiento estrecho” de los gastos realizados por su cocinero. “Orpea es realmente la cultura del miedo”, dice Clément, todavía marcado por su experiencia.
“Acabé en el psiquiatra”, explica el exdirector, que ya no podía conciliar las presiones presupuestarias con su ideal de atender a los ancianos. Clément acabó marchándose, al igual que Martin y Francine, tras diez años de leal servicio. Todos encontraron un trabajo, reconstruyeron sus vidas, pero la herida de Orpea sigue abierta. Con amargura, Francine M. ironiza: “En nuestro contrato ponía director de explotación, así que explotamos”.
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El grupo Orpea también respondió a nuestras preguntas el 1 de marzo, a través de la agencia de comunicación Image 7. Les indicamos que disponían de un plazo adicional para posibles puntualizaciones. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta.
En su piso, frente a la mesa de cristal del salón, tiene el corazón en un puño y, frente a él, unos preciosos documentos de esos años pasados en el principal grupo de residencias privada del mundo. Muchos han sido triturados para poder “hacer el duelo”. Como muchos antiguos empleados, siguió con interés el escándalo Orpea que estalló hace mes y medio, cuando se publicó el libro Les Fossoyeurs del periodista Victor Castanet. Hoy, Martin también quiere contar cómo alimentó el engranaje que sostiene Orpea.
Incluso reduciendo los puestos de trabajo de un personal al límite que trabaja día y noche con los residentes. Sin embargo, en el sector de las residencias, se trata de la mayor partida de gastos que financia el Estado francés. El 90% de las cantidades asignadas por el sistema de seguro de enfermedad y los departamentos se destinan al pago de los salarios de enfermeras, auxiliares, psicólogos, farmacéuticos y asistentes médicos que acompañan a las personas mayores dependientes.
Siguiendo el ejemplo de Martin, varios exdirectivos de estos establecimientos (en funciones entre 2010 y 2020) han contado a Mediapart (socio editorial de infoLibre) e Investigate Europe cómo, siguiendo las órdenes de algunos de sus superiores, desviaron ayudas asignadas por las agencias regionales de salud (ARS) y los departamentos a sus propios establecimientos en beneficio del grupo Orpea. A preguntas de Mediapart, el grupo respondió que “no tenía conocimiento de tales prácticas”.
“Orpea recorta en todo, analiza cada ahorro por pequeño que sea”, resume Clément (nombre supuesto), exdirector de una residencia. Es la política de los arroyos que forman los ríos”.
Técnica 1: desvío geográfico
En primer lugar, es importante entender cómo se asignan las ayudas a los establecimientos para personas mayores dependientes. Durante una comisión que se celebra cada cinco años, las ARS, los departamentos y la residencia implicados acuerdan un número determinado de trabajadores. ¿La regla? Cada establecimiento recibe una dotación presupuestaria “en función de sus necesidades”, según el nivel de dependencia de los residentes a su cargo. Solo para la atención, Orpea recibió 350 millones de euros del sistema de seguro de salud en 2020, según cifras de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a las que ha tenido acceso Mediapart.Al término de estas negociaciones, los socios firman un acuerdo en el que figura el número de equivalentes a tiempo completo (ETC) asignados al establecimiento: tantos ETC auxiliares, tantos ETC enfermeros/as, tantos ETC psicólogos/as, etc. Sin embargo, según el testimonio de estos directores, Orpea no siempre lo entiende así. Para gestionar su masa salarial de la forma más rentable posible, el grupo, que gestiona 226 establecimientos para personas mayores dependientes en Francia, no duda en desvestir a un santo para vestir a otro.
Todavía sentado en su salón, Martin se toca nerviosamente el cuello de la camisa. “He tenido unos años muy complicados, con mucha presión, sin personal suficiente”, comienza, como para justificar lo que sigue. Abre la carpeta de documentos que tiene delante y saca las facturas de una empresa de trabajo temporal para puestos de auxiliar de enfermería y enfermero, todas dirigidas a su establecimiento. El problema es que estos empleados no trabajaban allí. Según estos documentos y los correos electrónicos que también obran en nuestro poder, este personal fue enviado en comisión de servicio a otras residencias de su ciudad, pero también al otro extremo de Francia.
“Es una injusticia. Pasaba apuros con mis trabajadores, familias y residentes y parte del dinero estatal negociado para mi establecimiento con la ARS servía para pagar una factura salarial de otras residencias”. Según las facturas que nos enseña–por importes que van de una a varias decenas de miles de euros–, el desvío de las ayudas asignadas por la ARS y el departamento se habría producido en varias ocasiones. Frente a nosotros y su pila de documentos, Martin lamenta este proceso en el que “participó” y que considera “deshonesto”.
Sin embargo, a tenor de los intercambios de correos electrónicos internos a los que ha tenido acceso Mediapart, el director sólo seguía las órdenes de su empleador. De hecho, las imputaciones irregulares de este personal fueron solicitadas por la dirección regional del grupo y luego aplicadas por él.
Según nuestra investigación, este “desvío geográfico” de las ayudas públicas no se limitó al establecimiento de Martin. Francine M., antigua directora de dos residencias de Orpea, cuenta que abandonó el grupo tras negarse a pagar el personal enviado a otros establecimientos: “Estaba abriendo una residencia en las Ardenas [noreste de Francia], todavía no teníamos todas las plazas ocupadas. La dirección regional me llamó para que pidiese asistentes y enfermeros/as temporales para enviarlos a una residencia en Aisne [al noreste de París]. Tenía que pagarles sin que trabajaran para mí. Dije que no, era la gota que colmaba el vaso”.
Estas artimañas funcionan incluso en tiempos de crisis. En la primavera de 2020, la primera oleada de covid-19 hizo estragos en los establecimientos para personas mayores dependientes, las primeras víctimas del virus. Como la mayoría de los responsables de centros, Clément (nombre supuesto) está en pie de guerra. Este antiguo auxiliar, incluso vestía la misma bata para apoyar a sus empleados. Ello no impide que la dirección le pida “que se deshaga de algunos empleados para que vayan a un establecimiento situado a tres horas de distancia”. “A finales de mes descubrí, con gran sorpresa, que era mi centro quien había pagado a este personal”.
En resumen, las ARS y los departamentos implicados pagaban sueldos de personal que trabajaba en zonas ajenas a su territorio. “Esto no es legal”, responde el Ministerio de Solidaridad y Salud, preguntado por Mediapart sobre la cuestión. “La financiación del ARS a la que tiene derecho una residencia de mayores depende de la evaluación de sus necesidades de atención, según el perfil de sus residentes. Por lo tanto, no pueden ser trasladados a otro centro, que además está en otra región”.
Por añadidura, este “desvío geográfico” dificulta enormemente el control del buen uso de los fondos públicos. “Esto puede plantear grandes problemas, sobre todo en cuanto a la capacidad de controlar realmente cómo se utilizan los fondos de atención y dependencia”, afirma Gaël Hilleret, experto de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), responsable de la financiación de la autonomía.
En las residencias de mayores dependientes, los controles se realizan regional y departamentalmente. Por lo tanto, las autoridades no pueden estar seguras de que el dinero pagado por un director en su residencia del norte para un puesto de enfermero en el sur haya sido efectivamente pagado con ese fin.
“Con esta práctica de pagar a temporales en otro centro, hacen que los cargos aparezcan donde les conviene”, analiza un antiguo directivo de ARS que accede a hablar con la condición de permanecer en el anonimato. “Sin embargo, en el caso de los centros privados comerciales, las autoridades no ven lo que ocurre con el 60% de sus presupuestos, en la dotación de alojamiento que no pueden controlar”.
A preguntas de Mediapart, el grupo Orpea responde que “el grupo no organiza un sistema destinado a pagar los auxiliares de una residencia utilizando los fondos asignados a otra” y afirma “no tener conocimiento de tales prácticas”.
Técnica 2: movimiento de puestos
Para entender cómo abusa Orpea del sistema, es necesario desentrañar el funcionamiento preciso de la asignación de fondos públicos.Las autoridades distribuyen sus ayudas a través de dos dotaciones: una dotación dedicada a la “atención”, principalmente para el pago de los salarios del personal asistencial (enfermeras, auxiliares, etc.); y otra dotación dedicada a la “dependencia”, para el pago de los salarios del personal asistencial (psicólogos, auxiliares médicopsicológicos, etc.). La partida restante, la tercera, se dedica al alojamiento (gestión, entretenimiento, restauración). Esta última, la más estratégica, se financia con el dinero que pagan los residentes y sus familias. Mientras que las residencias de mayores privadas tienen prohibido obtener beneficios en las dos primeras, en esta tercera se obtienen los márgenes de los gigantes del sector.
Para los que quieren obtener el máximo beneficio, las reglas del juego son sencillas: que los gastos de personal, incluidos en las dos primeras partidas, que pagan las autoridades, supongan el mayor dispendio y limitar los gastos de alojamiento.
Cabe recordar que Orpea anunció el 11 de marzo unos resultados financieros para 2021 que incluyen un aumento del 9,2% en la facturación (4.285 millones de euros) y un crecimiento en su excedente bruto de explotación que alcanzó los 1.068 millones de euros. O lo que es lo mismo, un margen del 24,9%, según AFP.
Francine M., nuestra exdirectora en el Norte, denomina a este proceso “movimiento de puestos”. La idea es pedir a los auxiliares de enfermería, cuyos salarios paga la seguridad social, que se encarguen de las tareas domésticas que son responsabilidad de otros auxiliares, cuyos salarios salen de las arcas de Orpea (de la partida “alojamiento”). Por ejemplo, en el centro de Émilie (nombre supuesto), exasistente de dirección en la región de las Bocas del Ródano [sureste], se pedía a los auxiliares de enfermería que “hicieran las camas, una tarea normalmente que hacen otros auxiliares [dedicados al aseo de los residentes y a las labores de limpieza]”, según cuenta.
Y la práctica no se limitaba al Norte y a las Bocas del Ródano. En un correo electrónico interno al que hemos tenido acceso, una dirección regional explica que Loïc Battesti, actual vicepresidente del grupo, que en ese momento ocupaba un cargo inferior, pidió a un responsable de residencia que redujera el número de auxiliares y que los auxiliares de enfermería realizaran tareas de hostelería.
Puestos al habla con él, Loïc Battesti nos remitió al departamento de comunicación de Orpea y se limitó a responder que nuestras preguntas se referían a sus “antiguas funciones” y a “elementos que probablemente se remontan a más de diez años atrás”.
Según el extrabajador de la ARS citada, esta práctica tiene como objetivo obtener márgenes de dinero público: “Si le dices a la ARS y al departamento: ‘Gasto tanto en cuidados’, pero en realidad parte de ese personal está haciendo tareas que entran en la partida de alojamiento, por ejemplo, un auxiliar de enfermería que está haciendo tareas que no le corresponden, consigues que la compañía de seguros de salud te pague ese empleado y así aumentas tu beneficio”. Y como esto se hace fuera de la partida de alojamiento, que el Estado no puede controlar, eres libre de usarlo...
Al contrario, a veces se pide a estos auxiliares que “hagan” de auxiliares de enfermería. Sin embargo, en este sentido, el “movimiento” puede ser más peligroso para el o la residente. Una sindicalista de Orpea-CGT en las Bocas de Ródano ha denunciado recientemente por correo electrónico una práctica que le parece preocupante a la dirección de un establecimiento de Vitrolles, así como a la sede de Orpea, a la ARS y al departamento.
Cuenta que “un fin de semana de febrero en esta residencia, auxiliares se hicieron pasar por auxiliares de enfermería. Esto significa que empleados sustitutos sin titulación ni formación adecuada se hicieron cargo del cuidado de los residentes de esta casa”. Este movimiento es más inquietante por cuanto los auxiliares, que deben realizar las tareas domésticas, “no disponen de los códigos de acceso a los programas informáticos en los que figuran los datos, en particular los relativos a las patologías”. ¿Cómo pueden, por ejemplo, evitar cuidados contraindicados?
En este caso, en esta residencia, estos trabajadores temporales tampoco tienen acceso a la dieta de cada residente. ¿Tienen que seguir dieta mixta, triturada o normal? “Tuvimos un problema este fin de semana de febrero. Una residente que sólo debía ser alimentada mediante jeringa fue alimentada por la boca”, explica con pudor la sindicalista.
Una “hoja de mejora” bien completa
Según dos documentos internos obtenidos por Mediapart, ratificados por el testimonio de una cuidadora que se encontraba en el centro ese fin de semana, se hicieron dos informes a la dirección a través de una “hoja de mejora” (protocolo interno en Orpea): se menciona que un "trabajador sustituto que ejercía de auxiliar de enfermería” dio comida a una residente cuando no debía recibir alimentos sólidos. Y que a raíz de este “error”, hubo que llamar al médico de guardia.Preguntado por este episodio, Orpea responde: “En el marco de una sustitución, existe un código de acceso al expediente asistencial para los trabajadores temporales, que le facilita el equipo de enfermería de guardia. Además, y al igual que cualquier empleado, el trabajador temporal debe tener a su disposición, en su carro, el plan de atención de cada residente que tiene a su cargo, con los detalles de toda la jornada, para garantizar la atención propuesta. De este modo,Orpea pone los medios necesarios para que cada persona pueda llevar a cabo sus tareas”.
En su correo electrónico, la sindicalista de CGT afirmaba: “Estas personas no cualificadas cuidaban de los residentes sin la supervisión de los cuidadores [...]. Fue la gobernanta quien se ocupó de la organización de los cuidados y no me parece que esa sea su función”. ¿La gobernanta? La persona encargada de pedir sábanas, toallas y servicios generales de hostelería, sin títulación sanitaria. Orpea dice que debe haber alguna “confusión” al respecto.
Preguntado por la situación de esta residencia, la ARS Provenza-Alpes-Costa Azul ha respondido que “las denuncias realizadas se han tenido en cuenta, evidentemente, y se han incorporado a las investigaciones”. En cuanto a los servicios departamentales, nos dicen que han sido “informados de disfunciones en este establecimiento por informes de médicos y usuarios desde diciembre de 2020”. Y hacen constar que “trabajan con los servicios del Estado (ARS Paca) para aplicar las medidas correctoras necesarias”. La dirección del centro no ha respondido a nuestras preguntas.
Sobre el terreno, otros testigos se muestran preocupados por las consecuencias de estos malabarismos con el dinero público en los pacientes. Así, Jeanne (nombre supuesto), una auxiliar de enfermería que sigue trabajando en Orpea, nos cuenta que en su establecimiento se contrata a auxiliares de limpieza para que actúen como auxliares de enfermería. El resultado: “Sólo hay dos auxiliares de enfermería tituladas de los siete que debería haber para atender a los 80 residentes...”.
En el norte de Francia, Francine M. no dudaba en afirmar que “los auxiliares de limpieza que ejercen de auxiliares de enfermería cobraban el sueldo de la asignación asistencial de los fondos del seguro de enfermedad”. Asegura que su dirección regional no se anduvo con rodeos: “Cuando tenía que hacer una sustitución, me dijeron que pusiera auxiliares de limpieza en los puestos de auxiliar de enfermería”. ¿La justificación de este movimiento ante las autoridades de supervisión? “Escribía que contrataba a un asistente de limpieza ‘a la espera de que se contrate a una auxiliar de enfermería’. Claro que nunca se producía esa contratación. Todo era provisional”.
En el centro de las Bocas del Ródano ya mencionado, la representante de la CGT se pregunta qué pasó con el salario (de dinero público) de los auxiliares de enfermería que debían trabajar ese famoso fin de semana de febrero y que no fueron sustituidos. “No sé a dónde va a parar el dinero del presupuesto de cuidados”, se lamenta la sindicalista. Clément, el exauxiliar que llegó a dirigir el establecimiento de Orpea, está convencido de que “el dinero público se utilizó para obtener beneficios a costa de nuestras personas mayores”.
¿Es ilegal esta técnica de “movimiento de puestos”? Estos movimientos sólo se autorizan en caso de “una urgencia o un absentismo importante”, responde el Ministerio de Sanidad. Esta justificación es fácil de encontrar en el sector de las residencias de ancianos, que está sometido a una tensión permanente (10% de absentismo, de media). Aquí es donde se supone que intervienen las autoridades de supervisión, para verificar la correcta asignación de puestos.
El problema es que, aunque dispongan del personal necesario para comprobar todas las residencias, no tienen acceso a una gran parte de las cuentas. “Los centros comerciales privados están sujetos a una transmisión de información financiera completa sobre las partidas de atención y dependencia, pero opcional sobre el alojamiento”, explica el experto del CNSA. “Así que sus supervisores no tienen necesariamente la información”.
Secreto comercial
Esta es la genialidad del “movimiento de puestos”: el contable público e incluso el Tribunal de Cuentas no tienen derecho a comprobar el contenido de la partida correspondiente a “alojamiento”, sólo pueden mirar los otros dos. Como si fueran totalmente independientes el uno del otro.Preguntado sobre este punto, Orpea precisa que “en lo que respecta a los auxiliares de limpieza, algunos de ellos pueden ser requeridos, en función de su experiencia, para realizar labores de auxiliares de enfermería, junto a un profesional cualificado. […] Esto puede ser necesario ante dificultades de contratación relacionadas con un contexto de falta de personal. De acuerdo con la normativa, estos auxiliares de limpieza reciben el pago de las prestaciones por cuidados y dependencia puesto que acceden a un curso de diplomado de auxiliar de enfermería”.
Sin embargo, el 8 de marzo, en respuesta al escándalo provocado por Les Fossoyeurs, el Gobierno prometió que el Tribunal y las cámaras regionales de auditoría podrían en el futuro “controlar la partida de alojamiento” de las residencias. Esta reforma requeriría una ley. El mismo día, Véronique Hammerer, diputada del LREM y coponente de una “misión relámpago” sobre las residencias de mayores, insistió en la entrega de sus conclusiones: “Hoy en día, los grupos privados no tienen las mismas obligaciones [que los establecimientos públicos] ante las autoridades de control, sobre todo en lo que respecta a la presentación de sus cuentas, una excepción que han obtenido por el secreto comercial. Podemos ver que esto ya no es de recibo”.
Técnica 3: no sustitución del personal ausente
La técnica de la “no sustitución” es más fácil de explicar; en algunos establecimientos, a veces se dio la orden de no sustituir a todo el personal ausente, aunque estos salarios los pague en parte el seguro de enfermedad y los departamentos. Hay que recordar que en el sector de las residencias de ancianos, la cuestión de la flagrante falta de personal es un problema importante. En el sector privado con fines de lucro, la tasa de personal para los residentes es ya la más baja (menos de 6 personas por cada 10 residentes).Francine, antigua directora en el Norte, habla de este tipo de instrucciones, y añade: “Cuando había demasiadas bajas, a los residentes que no tenían familia se les ponía directamente el pijama y se les metía en la cama a la 1.30 de la tarde porque los auxiliares de enfermería estaban desbordados...”.
En el Sur, esta vez, es Emilie, asistente de dirección hasta 2019, la que habla: “La central nos animó a reducir el número de sustituciones de cara a la previsión de gasto de personal, aunque estábamos faltos de personal”. El periodista Victor Castanet, en su libro Les Fossoyeurs, menciona órdenes similares en la residencia Orpea Bords-de-Seine, en Isla de Francia y en Bretaña.
Orpea niega indicaciones en este sentido. “El grupo no da instrucciones para no cubrir puestos vacantes. Nuestro deseo es garantizar la correcta atención y seguridad de los residentes en todos nuestros establecimientos con los recursos adecuados. […] Por otra parte, es cierto que, ante la ausencia inesperada de un cuidador para ese mismo día, a veces puede resultar complicado (o incluso infructuoso) sustituir inmediatamente al personal ausente, dada la escasez de profesionales sanitarios, aunque los directores de los establecimientos despliegan toda su energía por encontrar soluciones de sustitución, tanto para garantizar la atención a los residentes como para mantener el número de efectivos que permita a nuestros empleados trabajar en las mejores condiciones posibles”.
Sin embargo, un correo electrónico interno al que hemos tenido acceso sugiere que la no sustitución del personal es una práctica repetida en el grupo. En este documento, Loïc Battesti (ya mencionado), actual vicepresidente ejecutivo de Orpea para la eficiencia operativa, ordena a varios directores de residencia que habían enviado sus previsiones presupuestarias para su validación que no sustituyan al personal que falta. En cada ocasión, las órdenes de no sustitución se referían a puestos de enfermería y de auxiliar de enfermería, financiados por el seguro de enfermedad. Al preguntarle por este correo electrónico, Loïc Battesti nos remitió al departamento de comunicación de Orpea.
La no cobertura de puestos ya financiados por el ARS y los departamentos permitiría un superávit directo. Sin embargo, como recuerda el exdirigente del ARS ya mencionado, la ley es muy clara: “Si hay un excedente en las dos partidas de dinero público, hay que informar de ello y reinvertirlo. No obtener beneficios”. ¿Lo ha declarado Orpea alguna vez al Estado? Si es así, ¿lo ha reinvertido? Orpea no ha respondido a este punto.
Pase lo que pase, el diagnóstico sigue siendo el mismo: con la no cobertura de cierto personal, Orpea habría empeorado las condiciones de trabajo de unos empleados ya presionados y podría haber puesto en riesgo la salud de los residentes.
La pregunta que surge al final de nuestra investigación es: ¿cómo aceptaron estos antiguos directivos, algunos de ellos, durante años, colaborar en la aplicación de estos procedimientos? Con la técnica de la zanahoria y el palo, Orpea ha hecho todo lo posible por garantizar su fidelidad.
Técnica 4: aciertos y errores
¿La zanahoria? Un ingenioso sistema de bonificaciones, detallado en un documento que establece claramente las reglas del juego. En este documento, que se entregó a los directores cuando firmaron sus contratos y al que hemos tenido acceso, Orpea promete varios miles de euros de recompensas y “muestras de reconocimiento”, como viajes por valor de hasta 4.000 euros, si cumplen sus objetivos. La gestión de la “masa salarial” ocupa un lugar destacado en la agenda, incluyendo los salarios brutos, el trabajo temporal y la subcontratación.“Cuanto menos dinero se gasta, mayor es la prima”, dice Francine M., que pasó diez años navegando por el sistema Orpea. Martin es más gráfico: “Cuanto menos consuma un directivo, mayor será la zanahoria”.
La interpretación de Clément es más elegante, en lo que respecta a su época: “Si un director quiere su prima, tiene que ahorrar entre un 9 y un 20% al año en el presupuesto. Así que si se reduce la masa salarial, se obtienen más primas porque se puede ganar potencialmente algo de margen”. La masa salarial es, con mucho, la mayor partida de gastos de una residencia.
“En el comité ejecutivo, en la reunión mensual en la sede central, solían clasificar los diez mejores y peores establecimientos, los aciertos y los fallos”, dice Clément, el antiguo director. Según él, se trata de una forma de premiar y castigar a los buenos y malos alumnos en materia de control de costes.
Aunque Clément nunca fue amonestado por la gestión de su personal, su residencia figuró en su día entre los “fracasos por gastos de alimentación”. Por haber querido mejorar las comidas habituales de sus residentes, sufrió una “humillación” pública, en presencia de sus homólogos y, luego, durante varios meses, un “seguimiento estrecho” de los gastos realizados por su cocinero. “Orpea es realmente la cultura del miedo”, dice Clément, todavía marcado por su experiencia.
“Acabé en el psiquiatra”, explica el exdirector, que ya no podía conciliar las presiones presupuestarias con su ideal de atender a los ancianos. Clément acabó marchándose, al igual que Martin y Francine, tras diez años de leal servicio. Todos encontraron un trabajo, reconstruyeron sus vidas, pero la herida de Orpea sigue abierta. Con amargura, Francine M. ironiza: “En nuestro contrato ponía director de explotación, así que explotamos”.
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La caja negra
Se han modificado algunos datos biográficos para proteger al máximo el anonimato de los consultados. Las entrevistas con nuestras fuentes se realizaron en enero y febrero, por teléfono o en persona. Todos releyeron sus declaraciones. Algunos las dejaron firmadas por escrito.El grupo Orpea también respondió a nuestras preguntas el 1 de marzo, a través de la agencia de comunicación Image 7. Les indicamos que disponían de un plazo adicional para posibles puntualizaciones. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta.