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Hace unos años, en Oslo, uno de cada tres centros de mayores era de gestión privada. En la actualidad solo quedan cinco establecimientos privados en el país. Las multinacionales consideran que el Estado nórdico es una zona “políticamente difícil” desde que en 2015 muchas corporaciones municipales cayeron en manos de formaciones progresistas.
La primera empresa que se instaló en la residencia de mayores de Boganes vendía un sueño: jerez y clases de baile para los residentes. 15 años y tres operadores privados después, el confeti ha desaparecido y el gran edificio moderno de madera vuelve a ser de gestión municipal, en concreto depende de la ciudad de Stavanger. Gosta Arthur Berntson, un pícaro residente de 92 años, no se queja. “En realidad, sólo puedo hablar de lo que veo, unos bocadillos buenísimos”, asegura. El nonagenario, que ya se ha puesto una chaqueta y se dispone a salir a pasear acompañado de una cuidadora, asegura que come tan bien en Boganes que tiene que vigilar su peso y “salir a hacer ejercicio”.
Gosta llegó aquí hace un año, poco después de que la ciudad volviese a tomar las riendas del centro, poniendo así fin a 14 años de “experimentación”. La anterior corporación municipal –integrada por representantes conservadores y centristas– convirtió esta residencia para la tercera edad en un “laboratorio” donde demostrar las bondades de la privatización. Con las sucesivas licitaciones, Boganes fue pasando de mano en mano. Y no de cualquier mano; las poderosas compañías nórdicas Norlandia, Aleris y Attendo que, en Stavanger y en otros puntos del país, consiguieron convencer a un ayuntamiento tras otro para que les cediera la gestión de sus centros.
El año 2015 se considera el punto álgido de las residencias para mayores con ánimo de lucro en Noruega. En ese momento, las tres empresas mencionadas, y Unicare, controlaban una de cada tres centros de la capital, Oslo, y 25 de los aproximadamente 900 del país. Se suponía que era sólo un comienzo, pero el resultado de las elecciones municipales de ese mismo año puso fin a sus sueños de desarrollo en el país más rico del mundo (según el PIB per cápita).
Ese año, las coaliciones rojiverdes (socialdemócratas, socialistas, verdes) se impusieron en muchas ciudades del país, incluidas las que habían firmado contratos de gestión con las grandes empresas con ánimo de lucro. El programa político de estas alianzas prometía “remunicipalizar” las residencias para mayores y eso es precisamente lo que ocurrió en los seis años siguientes.
En julio de 2021, sólo quedaban cinco residencias de gestión privada en todo el país. Y, en dos de ellas, la privatización también será historia en 2023; uno de esos centros pasará a estar en manos de una asociación sin ánimo de lucro y el otro será controlado por la ciudad.
El golpe para las empresas es tan grande como la pérdida de ingresos. Noruega gasta el 3,4% de su presupuesto anual en la atención a las personas mayores, más del doble de la media europea. Y, por si fuera poco, la población de más de 80 años se está disparando (se triplicará en 2060). Pero las empresas privadas del sector tiran la toalla una tras otra.
En primer lugar, Attendo, empresa sueca que gestiona 700 residencias de mayores y que cuenta con 25.000 empleados en Suecia, Finlandia y Dinamarca, hasta ocupar el octavo lugar en Europa por número de camas. La multimillonaria empresa, que también se ha visto implicada en un escándalo por su gestión del covid, ha abandonado el barco. Según explica Andreas Koch, director de Comunicación, “Attendo ha llegado a la conclusión de que no se daban las condiciones necesarias para desarrollar un negocio a largo plazo en el ámbito de la atención a las personas mayores”.
Norlandia Health & Care Group, uno de sus antiguos competidores, también expresa su preocupación en su informe anual de 2020: “El clima político sigue siendo difícil para los operadores privados”.
La postura de las coaliciones rojiverdes respecto a la industria de la asistencia de personas mayores la resume, en estos términos, Magnus Marsdal, del think thank de izquierdas Manifest: “Es muy raro que hayamos permitido que este cáncer crezca en el corazón del Estado del bienestarcáncer. Nadie lo quiere”. Pero hay otros actores que están contribuyendo a hacer complicado el clima político para los operadores privados.
Por ejemplo, la rica comunidad pesquera de las islas Austevoll, en el oeste del país, que eligió a Morten Storebø, un alcalde conservador. Y fue él quien, el año pasado, después de años de gestión privada en la residencia, puso fin a la privatización iniciada por su predecesor, del partido liberal (Progress). “Algunos servicios son demasiado importantes para dejarlos en manos de entidades comerciales”, razona.
El partido conservador del alcalde no está en contra de la privatización de las las residencias. Pero ir en contra de la disciplina de partido no le quita el sueño: “No debemos basar nuestras decisiones en la ideología, sino en comparaciones fiables”. En este caso, en su opinión, el ayuntamiento ofrecía mejores servicios para los residentes y mejores condiciones de trabajo para el personal.
De hecho, los empleados de la residencia de Austevoll no se hicieron de rogar a la hora de pasar a depender del ayuntamiento… y a la hora de recuperar las condiciones de trabajo que perdieron por el camino. La “bajada de los salarios y de las pensiones desde que pasó a manos de la empresa [privada]” la constató incluso KPMG. Sin embargo, los consultores explicaron que los cambios en las condiciones de trabajo habían recibido el visto bueno de los empleados.
“Nos dimos por vencidos, no teníamos otra opción”, explica Ann Désiree Brekke, cuidadora y representante sindical en el establecimiento. “Se redujeron los equipos, suprimiendo lo equivalente a 10 puestos de trabajo a jornada completa. Quienes se quedaron tuvieron que asumir el trabajo de los despedidos”.
Brekke es muy consciente de que todo no va a ser perfecto con la gestión municipal. El aumento de la plantilla, la rotación de personal y la mejora de los turnos son batallas eternas que tendrá que librar, pero las pensiones ya son mejores, así como las condiciones laborales.
El teniente de alcalde de Oslo, el laborista Robert Steen, analizaba recientemente el impacto económico de la privatización de un tercio de las residencias de la capital. Su conclusión es tajante: “No se puede decir que la gestión fuese más eficiente”. En cambio, se aplicaron diferentes “medios creativos para recortar gastos”, en especial se redujeron las cotizaciones de jubilación de los empleados.
“Es fácil recortar por ahí sin que los trabajadores se den cuenta, ya que sólo se ven afectados 10, 20 o 30 años después”, explica. “Para entonces, la empresa puede haber desaparecido, pero los empleados pueden convertirse en una carga para la sociedad. Así que lo que el ayuntamiento se ahorra a corto plazo privatizando vuelve, convertido en bumerán, años después, cuando estos ciudadanos pagan menos impuestos o tienen que recurrir a las ayudas sociales”. El teniente de alcalde parece decidido a no dar marcha atrás nunca.
En cambio, algunas empresas nórdicas creen que las cosas cambiarán. ¿Quizás los vientos vuelvan a serles favorables? “Estamos orgullosos de nuestra contribución a la innovación y al desarrollo sistemático de la calidad”, responde Riikka Aubert, directora del área de Cuidados de Norlandia-Noruega. “Sabemos que las necesidades aumentarán en las próximas décadas y queremos seguir estando presentes”.
Traducción: Mariola Moreno
Gosta llegó aquí hace un año, poco después de que la ciudad volviese a tomar las riendas del centro, poniendo así fin a 14 años de “experimentación”. La anterior corporación municipal –integrada por representantes conservadores y centristas– convirtió esta residencia para la tercera edad en un “laboratorio” donde demostrar las bondades de la privatización. Con las sucesivas licitaciones, Boganes fue pasando de mano en mano. Y no de cualquier mano; las poderosas compañías nórdicas Norlandia, Aleris y Attendo que, en Stavanger y en otros puntos del país, consiguieron convencer a un ayuntamiento tras otro para que les cediera la gestión de sus centros.
El año 2015 se considera el punto álgido de las residencias para mayores con ánimo de lucro en Noruega. En ese momento, las tres empresas mencionadas, y Unicare, controlaban una de cada tres centros de la capital, Oslo, y 25 de los aproximadamente 900 del país. Se suponía que era sólo un comienzo, pero el resultado de las elecciones municipales de ese mismo año puso fin a sus sueños de desarrollo en el país más rico del mundo (según el PIB per cápita).
Ese año, las coaliciones rojiverdes (socialdemócratas, socialistas, verdes) se impusieron en muchas ciudades del país, incluidas las que habían firmado contratos de gestión con las grandes empresas con ánimo de lucro. El programa político de estas alianzas prometía “remunicipalizar” las residencias para mayores y eso es precisamente lo que ocurrió en los seis años siguientes.
En julio de 2021, sólo quedaban cinco residencias de gestión privada en todo el país. Y, en dos de ellas, la privatización también será historia en 2023; uno de esos centros pasará a estar en manos de una asociación sin ánimo de lucro y el otro será controlado por la ciudad.
El golpe para las empresas es tan grande como la pérdida de ingresos. Noruega gasta el 3,4% de su presupuesto anual en la atención a las personas mayores, más del doble de la media europea. Y, por si fuera poco, la población de más de 80 años se está disparando (se triplicará en 2060). Pero las empresas privadas del sector tiran la toalla una tras otra.
En primer lugar, Attendo, empresa sueca que gestiona 700 residencias de mayores y que cuenta con 25.000 empleados en Suecia, Finlandia y Dinamarca, hasta ocupar el octavo lugar en Europa por número de camas. La multimillonaria empresa, que también se ha visto implicada en un escándalo por su gestión del covid, ha abandonado el barco. Según explica Andreas Koch, director de Comunicación, “Attendo ha llegado a la conclusión de que no se daban las condiciones necesarias para desarrollar un negocio a largo plazo en el ámbito de la atención a las personas mayores”.
Norlandia Health & Care Group, uno de sus antiguos competidores, también expresa su preocupación en su informe anual de 2020: “El clima político sigue siendo difícil para los operadores privados”.
La postura de las coaliciones rojiverdes respecto a la industria de la asistencia de personas mayores la resume, en estos términos, Magnus Marsdal, del think thank de izquierdas Manifest: “Es muy raro que hayamos permitido que este cáncer crezca en el corazón del Estado del bienestarcáncer. Nadie lo quiere”. Pero hay otros actores que están contribuyendo a hacer complicado el clima político para los operadores privados.
Por ejemplo, la rica comunidad pesquera de las islas Austevoll, en el oeste del país, que eligió a Morten Storebø, un alcalde conservador. Y fue él quien, el año pasado, después de años de gestión privada en la residencia, puso fin a la privatización iniciada por su predecesor, del partido liberal (Progress). “Algunos servicios son demasiado importantes para dejarlos en manos de entidades comerciales”, razona.
El partido conservador del alcalde no está en contra de la privatización de las las residencias. Pero ir en contra de la disciplina de partido no le quita el sueño: “No debemos basar nuestras decisiones en la ideología, sino en comparaciones fiables”. En este caso, en su opinión, el ayuntamiento ofrecía mejores servicios para los residentes y mejores condiciones de trabajo para el personal.
De hecho, los empleados de la residencia de Austevoll no se hicieron de rogar a la hora de pasar a depender del ayuntamiento… y a la hora de recuperar las condiciones de trabajo que perdieron por el camino. La “bajada de los salarios y de las pensiones desde que pasó a manos de la empresa [privada]” la constató incluso KPMG. Sin embargo, los consultores explicaron que los cambios en las condiciones de trabajo habían recibido el visto bueno de los empleados.
“Nos dimos por vencidos, no teníamos otra opción”, explica Ann Désiree Brekke, cuidadora y representante sindical en el establecimiento. “Se redujeron los equipos, suprimiendo lo equivalente a 10 puestos de trabajo a jornada completa. Quienes se quedaron tuvieron que asumir el trabajo de los despedidos”.
Brekke es muy consciente de que todo no va a ser perfecto con la gestión municipal. El aumento de la plantilla, la rotación de personal y la mejora de los turnos son batallas eternas que tendrá que librar, pero las pensiones ya son mejores, así como las condiciones laborales.
El teniente de alcalde de Oslo, el laborista Robert Steen, analizaba recientemente el impacto económico de la privatización de un tercio de las residencias de la capital. Su conclusión es tajante: “No se puede decir que la gestión fuese más eficiente”. En cambio, se aplicaron diferentes “medios creativos para recortar gastos”, en especial se redujeron las cotizaciones de jubilación de los empleados.
“Es fácil recortar por ahí sin que los trabajadores se den cuenta, ya que sólo se ven afectados 10, 20 o 30 años después”, explica. “Para entonces, la empresa puede haber desaparecido, pero los empleados pueden convertirse en una carga para la sociedad. Así que lo que el ayuntamiento se ahorra a corto plazo privatizando vuelve, convertido en bumerán, años después, cuando estos ciudadanos pagan menos impuestos o tienen que recurrir a las ayudas sociales”. El teniente de alcalde parece decidido a no dar marcha atrás nunca.
En cambio, algunas empresas nórdicas creen que las cosas cambiarán. ¿Quizás los vientos vuelvan a serles favorables? “Estamos orgullosos de nuestra contribución a la innovación y al desarrollo sistemático de la calidad”, responde Riikka Aubert, directora del área de Cuidados de Norlandia-Noruega. “Sabemos que las necesidades aumentarán en las próximas décadas y queremos seguir estando presentes”.
Traducción: Mariola Moreno
PERIODISMO DE VERDAD
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