Control europeo de fronteras
Centros de mando de corte militar, bases de datos de millones de personas, vigilancia masiva mediante drones teledirigidos. Lejos de la mirada pública, los gobiernos de la UE están llevando a cabo un importante plan a largo plazo para utilizar la tecnología a escala masiva para el control de las fronteras europeas.
Diciembre 2016
Centros de mando de corte militar, bases de datos de millones de personas, vigilancia masiva mediante drones teledirigidos. Lejos de la mirada pública, los gobiernos de la UE están llevando a cabo un importante plan a largo plazo para utilizar la tecnología a escala masiva para el control de las fronteras europeas.
En su cumbre más reciente, celebrada en Bratislava (Eslovaquia), los líderes de la UE eligieron incluso la seguridad fronteriza como tema de debate más relevante. Consideran que es fundamental "detener la inmigración ilegal" y "proteger la seguridad de nuestros ciudadanos", en palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, que observa un nuevo "espíritu de colaboración" en una Europa por lo demás bastante dividida.
Pero, ¿cumplirá su propósito el deseado sistema de vigilancia? ¿Hará que Europa sea más segura? En Investigate Europe hemos intentado encontrar respuestas a esas preguntas. Durante dos meses hemos hablado con más de 200 guardias de fronteras, investigadores, militares, policías, expertos en derecho, ingenieros, funcionarios de la UE, médicos, empleados municipales y políticos.
Las conclusiones son alarmantes: para el nuevo proyecto europeo de control de fronteras en los años que faltan hasta 2020, se necesitarán 6.000 millones de euros del presupuesto de la UE y aproximadamente la misma cantidad de las cuentas estatales. La Comisión Europea y los Gobiernos nacionales quieren reducir la protección legal de la privacidad y almacenar los datos personales de los ciudadanos a gran escala sin control judicial. Además, la Comisión ha orientado su política casi exclusivamente hacia los intereses de la industria de seguridad y armamentística, y permite que sus representantes influyan en las decisiones y los procesos legislativos a pesar de los enormes conflictos de intereses existentes.
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