El Parlamento Europeo recortará las pensiones de sus diputados pero usará dinero público para rescatar el fondo

Sigrid Melchior || ""
Sigrid Melchior
Pascal Hansens || ""
Pascal Hansens
23 mayo 2023
La Mesa decide reducir las pensiones voluntarias a la mitad, congelar las subidas vinculadas a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Las medidas podrían recortar en 224 millones el déficit total estimado de 310 millones, pero la diferencia de 86 millones tendría que cubrirse con dinero de los contribuyentes.
El Parlamento Europeo se dispone a recortar en un 50% los pagos de su polémico fondo de pensiones complementario, como parte de las medidas destinadas a erradicar un déficit de 300 millones de euros y evitar una quiebra inminente. A pesar de que los eurodiputados se enfrentan ahora a importantes recortes en el pago de sus pensiones, una parte de la factura del rescate la pagarán los contribuyentes, ya que será necesario inyectar al fondo aproximadamente 86 millones de euros de dinero público.

Tras años de dilaciones y un déficit cada vez mayor, el Parlamento Europeo ha cogido finalmente el toro por los cuernos para hacer frente a la inminente quiebra de un fondo de pensiones voluntario utilizado por unos 900 antiguos y actuales eurodiputados. El fondo –abierto para los eurodiputados entre 1991 y 2009– ha registrado déficit durante más de 20 años, debido a los derechos excesivamente generosos que concede a los pensionistas. Investigate Europe e infoLibre ya informaron en su día de la crisis que atraviesa este fondo, del que se benefician 21 eurodiputados en activo y otras figuras políticas destacadas como Josep Borrell, responsable de Política Exterior de la UE.

España es el segundo país con más beneficiarios, solo por detrás de Reino Unido. De los 21 eurodiputados en activo, tres son españoles, todos ellos del PP: José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo y Francisco José Millán. Entre los antiguos parlamentarios, además de Borrell, también figura un ministro del actual Gobierno: Luis Planas, titular de Agricultura. Los tres eurodiputados del PP votaron hace apenas diez días a favor del rescate con dinero público de su fondo de pensiones. En declaraciones a este periódico, García-Margallo aseguró que el Europarlamento está legalmente obligado a garantizar los derechos de los beneficiarios del fondo y se presentó como "víctima", no como "privilegiado".

Este lunes 22 de mayo, la Mesa del Parlamento Europeo, un órgano interno de toma de decisiones formado por 20 eurodiputados, acordó en principio cambiar el sistema. Tres miembros de la Mesa siguen siendo beneficiarios del fondo: el conservador austriaco Othmar Karas, el nacional-conservador letón Roberts Zīle y el político griego de izquierdas Dimitrios Papadimoulis. Los tres se retiraron del proceso de decisión.

La Mesa decidió reducir las pensiones a la mitad, congelar los aumentos vinculados a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. También se ofrecerá a todos los beneficiarios del fondo la posibilidad de retirarse del mismo mediante un cobro único. Podrán reclamar la devolución de las cotizaciones realizadas personalmente, con un incentivo adicional de hasta el 20% de esa cantidad, para animarles a retirarse.

Las contribuciones al fondo eran abonadas en un tercio por los eurodiputados y en dos tercios por el Parlamento Europeo. Pero las aportaciones individuales se deducían automáticamente de las dietas generales de los eurodiputados, una cantidad mensual a tanto alzado que se supone que cubre los gastos de oficina, y no que sea parte de la retribución.

Según el Parlamento Europeo, las medidas podrían recortar el déficit estimado de 310 millones de euros en 224 millones y "situar el régimen de pensiones heredado en una senda más sostenible". El cálculo depende de que un determinado número de eurodiputados se retire del fondo, lo que es realmente una incógnita. Además, según el nuevo plan, 86 millones de euros tendrían que cubrirse con dinero de los contribuyentes procedente del presupuesto del PE. Se espera que el acuerdo oficial sobre las medidas sea una mera cuestión de trámite. No obstante, se acordó revisar la situación y el impacto de estas decisiones en 2024.

Las sucesivas administraciones han aplazado durante años la decisión sobre cómo hacer frente al abultado déficit, temerosas de tocar este delicado asunto. Sin embargo, la inminente quiebra del fondo y las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene han hecho imposible ignorarlo.

Los críticos no están conformes

Jüri Laas, portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, asegura que ésta ha actuado con la mayor "rapidez posible" para atajar el déficit. "Tenía claro que no podía abstenerse de actuar y dejar esto para más adelante. Forma parte de su programa de reformas, para hacer que el Europarlamento sea más eficiente, responsable y moderno".

Pero para los críticos con el fondo, las medidas no van lo suficientemente lejos. "Es un paso en la dirección correcta, pero está claro que es sólo una solución parcial", afirma Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes en la comisión de Control Presupuestario. "Significa en cualquier caso que el fondo quebrará de todos modos, aunque la quiebra sea menor de lo esperado. Acabará siendo rescatado con dinero de los contribuyentes y estamos hablando de mucho dinero".

Freund también expresó fuertes dudas sobre los cálculos de la Mesa, ya que teme que las estimaciones sean excesivamente optimistas. Para Freund, la única solución es cambiar el Estatuto de los eurodiputados. En vigor desde 2009, ese Estatuto atribuye al Parlamento Europeo la responsabilidad legal de rescatar el fondo en caso de quiebra. "Los Verdes pedimos que se elimine el artículo 27 del Estatuto de los eurodiputados y se elimine así la base legal que obliga al Europarlamento a rescatar el fondo", destaca Freund. "Debemos evitar por todos los medios utilizar el dinero de los contribuyentes", concluye.

Pero cambiar el Estatuto del eurodiputado no es un asunto sencillo. Requeriría tanto una votación en el Parlamento Europeo como en el Consejo de la UE, donde al menos 20 de los 27 Gobiernos tendrían que estar de acuerdo.

La otra incógnita es si los beneficiarios intentarán que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anule los recortes. Los anteriores intentos de anular los cambios en el Fondo ante el Tribunal han fracasado. Al menos de momento, las pensiones de oro de la UE están a punto de perder parte de su brillo.

Recibe en tu correo historias de investigación de una Europa en movimiento.