El Parlamento Europeo se enfrenta a una demanda de diputados contrarios a un recorte de sus pensiones
Beneficiarios de la pensión complementaria, que puede alcanzar hasta 6.800 euros al mes, presentarán una demanda colectiva ante el Tribunal de Justicia de la UE. El bufete español Uría Menéndez defenderá a los demandantes, cuyas pensiones se han recortado desde el 1 de julio. Una información de Investigate Europe, que infoLibre publica en exclusiva en España.
Eurodiputados que se benefician de un opulento fondo de pensiones complementario se disponen a librar una batalla judicial contra el Parlamento Europeo. Los miembros del fondo están preparando una demanda colectivacontra la decisión de la institución de recortar los pagos, en un esfuerzo por evitar una quiebra inminente y las crecientes críticas de la opinión pública. El Parlamento Europeo adoptó dicha resolución el mes pasado.
Investigate Europe, cuyas investigaciones publica infoLibre en exclusiva en España, informó en mayo de que había un déficit de 300 millones de euros en el plan de pensiones voluntario del Parlamento Europeo y que esta institución se estaba planteando un rescate con dinero público. El fondo cuenta con unos 900 beneficiarios, eurodiputados pasados y presentes, entre ellos los ultraderechistas Marine Le Pen y Nigel Farage o el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell. España es el segundo país con más partícipes en el fondo, que tiene su sede en Luxemburgo.
Tras años de inacción, la Mesa del Parlamento Europeo, órgano responsable de los asuntos internos, tomó finalmente cartas en el asunto ante el creciente escrutinio público. El 12 de junio acordó formalmente reducir en un 50% las prestaciones del plan de pensiones, congelar los aumentos vinculados a la inflación y elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Según el Parlamento, las medidas podrían eliminar la mayor parte del déficit y situarlo en una "senda más sostenible".
Como era de esperar, la decisión no gustó a los partícipes del fondo, que se cerró a nuevos suscriptores en 2009. Esta pensión complementaria puede proporcionar a algunos beneficiarios hasta 6.800 euros al mes, un generoso complemento a la pensión ordinaria de la UE, que puede alcanzar los 6.900 euros mensuales para algunos eurodiputados.
En una reunión celebrada en Bruselas el 29 de junio, el consejo de administración del fondo, compuesto en su mayoría por exeurodiputados, decidió que recurriría la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Stephen Hughes, presidente del fondo y eurodiputado laborista británico hasta 2014, confirmó a Investigate Europe que pondrán en marcha una demanda colectiva para impugnar la decisión que esperan presentar ante el tribunal antes de octubre.
El conocido bufete de abogados español Uría Menéndez, que representó a los miembros del fondo en anteriores demandas infructuosas, actuará de nuevo en su nombre. Se desconoce cuántos miembros del fondo se apuntarán a esta acción legal.
"Esperamos que un gran número de partícipes apoye la demanda colectiva", declaró Hughes a Investigate Europe. "Pero tendrán que sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Si la sentencia es a nuestro favor, serán indemnizados, pero si pierden, podrían tener que correr con los gastos del juicio".
Los demandantes pretenden apoyarse en los argumentos de una sentencia del TJUE, de marzo de 2023, sobre un recurso de la exeurodiputada conservadora francesa Françoise Grossetête contra otros cambios en el fondo. Los jueces, aunque rechazaron la demanda, afirmaron que las pensiones recortadas eran legalmente admisibles en casos de insolvencia "siempre que se respete el principio de proporcionalidad". Además, añadieron que en todo caso es necesario "equilibrar los intereses en juego". En otras palabras, es importante tener en cuenta otras retribuciones percibidas por los afectados, en particular la pensión ordinaria.
"La decisión de la Mesa se preparó con el servicio jurídico del Parlamento y se basó en la decisión del Tribunal General de marzo", indicó un portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Confiamos en que la decisión sea sólida, pero por supuesto es un derecho consagrado en los tratados que un individuo impugne una decisión que le afecta", añadió en referencia a la demanda colectiva.
Una fuente parlamentaria destacó que los cambios en el fondo de pensiones, que entraron en vigor el 1 de julio, representan un escenario de riesgo medio para la Mesa, dado que incluyen no sólo una reducción de las pagas mensuales, sino recortes adicionales. El eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, crítico declarado del fondo, cree que la decisión es sólida desde el punto de vista jurídico: "Pero nunca se sabe lo que va a decir al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Hughes afirma que la decisión de recortar las pensiones contradice los principios establecidos por el Tribunal en su sentencia de marzo. "La Mesa del Parlamento Europeo, que precipitó la decisión tras el reciente revuelo mediático, es muy consciente de ello", afirmó.
En su opinión, Metsola ha jugado a hacer política con el fondo de pensiones. Afirma que su objetivo principal era evitar un posible escándalo antes de las elecciones europeas de junio de 2024, lo que habría socavado aún más la reputación de la institución, ya dañada por la crisis de corrupción del Qatargate.
Es más, Metsola está "pasando la patata caliente" a la próxima Presidencia, según Hughes, quien destaca que una decisión final sobre el fondo sólo llegará después del proceso judicial, que podría durar dos años. Esto podría dejar al sucesor de Metsola, que se espera que pertenezca a los socialdemócratas de izquierdas, con la poco envidiable tarea de lidiar con las consecuencias de la polémica.
Freund, en cambio, sostiene que la decisión de la Mesa "no puede interpretarse como una estrategia dilatoria", ya que no se sabe si Metsola optará a otro mandato presidencial. Además, "la costumbre de la Presidencia rotatoria entre el Partido Popular Europeo [al que pertenece Metsola] y el de Socialistas y Demócratas no está grabada en piedra".
Pase lo que pase con la Presidencia, la Mesa ha dicho que podría revisar la decisión el año que viene, con la esperanza de introducir recortes aún mayores en el fondo. En cuanto a los beneficiarios, sentirán los recortes de sus pensiones por primera vez este mes. Si el TJUE dictamina que la decisión no fue proporcionada, el Parlamento podría verse obligado a reembolsar a los miembros del fondo y verse obligado a inyectar más dinero público para mantener a raya la potencial quiebra.
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Edición: Chris Matthews
Investigate Europe, cuyas investigaciones publica infoLibre en exclusiva en España, informó en mayo de que había un déficit de 300 millones de euros en el plan de pensiones voluntario del Parlamento Europeo y que esta institución se estaba planteando un rescate con dinero público. El fondo cuenta con unos 900 beneficiarios, eurodiputados pasados y presentes, entre ellos los ultraderechistas Marine Le Pen y Nigel Farage o el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell. España es el segundo país con más partícipes en el fondo, que tiene su sede en Luxemburgo.
Tras años de inacción, la Mesa del Parlamento Europeo, órgano responsable de los asuntos internos, tomó finalmente cartas en el asunto ante el creciente escrutinio público. El 12 de junio acordó formalmente reducir en un 50% las prestaciones del plan de pensiones, congelar los aumentos vinculados a la inflación y elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Según el Parlamento, las medidas podrían eliminar la mayor parte del déficit y situarlo en una "senda más sostenible".
Como era de esperar, la decisión no gustó a los partícipes del fondo, que se cerró a nuevos suscriptores en 2009. Esta pensión complementaria puede proporcionar a algunos beneficiarios hasta 6.800 euros al mes, un generoso complemento a la pensión ordinaria de la UE, que puede alcanzar los 6.900 euros mensuales para algunos eurodiputados.
En una reunión celebrada en Bruselas el 29 de junio, el consejo de administración del fondo, compuesto en su mayoría por exeurodiputados, decidió que recurriría la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Stephen Hughes, presidente del fondo y eurodiputado laborista británico hasta 2014, confirmó a Investigate Europe que pondrán en marcha una demanda colectiva para impugnar la decisión que esperan presentar ante el tribunal antes de octubre.
El conocido bufete de abogados español Uría Menéndez, que representó a los miembros del fondo en anteriores demandas infructuosas, actuará de nuevo en su nombre. Se desconoce cuántos miembros del fondo se apuntarán a esta acción legal.
"Esperamos que un gran número de partícipes apoye la demanda colectiva", declaró Hughes a Investigate Europe. "Pero tendrán que sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Si la sentencia es a nuestro favor, serán indemnizados, pero si pierden, podrían tener que correr con los gastos del juicio".
Los demandantes pretenden apoyarse en los argumentos de una sentencia del TJUE, de marzo de 2023, sobre un recurso de la exeurodiputada conservadora francesa Françoise Grossetête contra otros cambios en el fondo. Los jueces, aunque rechazaron la demanda, afirmaron que las pensiones recortadas eran legalmente admisibles en casos de insolvencia "siempre que se respete el principio de proporcionalidad". Además, añadieron que en todo caso es necesario "equilibrar los intereses en juego". En otras palabras, es importante tener en cuenta otras retribuciones percibidas por los afectados, en particular la pensión ordinaria.
"La decisión de la Mesa se preparó con el servicio jurídico del Parlamento y se basó en la decisión del Tribunal General de marzo", indicó un portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Confiamos en que la decisión sea sólida, pero por supuesto es un derecho consagrado en los tratados que un individuo impugne una decisión que le afecta", añadió en referencia a la demanda colectiva.
Una fuente parlamentaria destacó que los cambios en el fondo de pensiones, que entraron en vigor el 1 de julio, representan un escenario de riesgo medio para la Mesa, dado que incluyen no sólo una reducción de las pagas mensuales, sino recortes adicionales. El eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, crítico declarado del fondo, cree que la decisión es sólida desde el punto de vista jurídico: "Pero nunca se sabe lo que va a decir al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Hughes afirma que la decisión de recortar las pensiones contradice los principios establecidos por el Tribunal en su sentencia de marzo. "La Mesa del Parlamento Europeo, que precipitó la decisión tras el reciente revuelo mediático, es muy consciente de ello", afirmó.
En su opinión, Metsola ha jugado a hacer política con el fondo de pensiones. Afirma que su objetivo principal era evitar un posible escándalo antes de las elecciones europeas de junio de 2024, lo que habría socavado aún más la reputación de la institución, ya dañada por la crisis de corrupción del Qatargate.
Es más, Metsola está "pasando la patata caliente" a la próxima Presidencia, según Hughes, quien destaca que una decisión final sobre el fondo sólo llegará después del proceso judicial, que podría durar dos años. Esto podría dejar al sucesor de Metsola, que se espera que pertenezca a los socialdemócratas de izquierdas, con la poco envidiable tarea de lidiar con las consecuencias de la polémica.
Freund, en cambio, sostiene que la decisión de la Mesa "no puede interpretarse como una estrategia dilatoria", ya que no se sabe si Metsola optará a otro mandato presidencial. Además, "la costumbre de la Presidencia rotatoria entre el Partido Popular Europeo [al que pertenece Metsola] y el de Socialistas y Demócratas no está grabada en piedra".
Pase lo que pase con la Presidencia, la Mesa ha dicho que podría revisar la decisión el año que viene, con la esperanza de introducir recortes aún mayores en el fondo. En cuanto a los beneficiarios, sentirán los recortes de sus pensiones por primera vez este mes. Si el TJUE dictamina que la decisión no fue proporcionada, el Parlamento podría verse obligado a reembolsar a los miembros del fondo y verse obligado a inyectar más dinero público para mantener a raya la potencial quiebra.
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Edición: Chris Matthews