Viktor Orbán frenó el primero

13 diciembre 2022
Sigrid Melchior
Sigrid Melchior
Attila Kálmán
Attila Kálmán
La decisión de la UE de bloquear la concesión de 6.000 millones a Hungria surtió efecto, pero hay pocas esperanzas de que se produzcan verdaderas reformas anticorrupción bajo el mandato de Viktor Orbán.
Incluso para los estándares de la UE, el megaacuerdo de los 27 embajadores de la UE del lunes por la noche debe batir algún tipo de récord, en términos de importancia y complejidad de las cuestiones en juego, por no mencionar el grado de regateo. 

A cambio de que Hungría renunciara a su veto en una serie de expedientes –el más urgente era un paquete de ayuda masiva para que una Ucrania devastada por la guerra pueda mantenerse a flote el año próximo–, los demás países de la UE rebajaron ligeramente las sanciones económicas que querían imponer a Hungría. 

El acuerdo está lleno de detalles que los expertos de la UE tendrán que desentrañar. Pero lo que realmente importa es esto: todos los países de la UE decidieron juntos suspender fondos de la UE destinados a Hungría. Un total del 55% de los fondos regionales asignados a Hungría para el periodo 2021-2027 –dinero para construir autopistas o líneas de banda ancha, por ejemplo– quedarán retenidos. 

Esto supone unos 6.300 millones de euros. La suma es inferior a lo que la Comisión Europea había recomendado anteriormente, que era el 65% de los fondos regionales, lo que hace que la píldora sea para Orbán un poco menos amarga de tragar. 

Pero, ¿por qué sólo el 55% o el 65% de los fondos regionales, dirán los puristas jurídicos, y no el 100% de todos los fondos de la UE? Se supone que el mecanismo de condicionalidad protege el Presupuesto de la UE de riesgos sistémicos debidos a deficiencias del Estado de Derecho. Con la corrupción política rampante en la Hungría actual y el poder judicial bajo control político, todos los fondos de la UE están teóricamente en peligro y deberían retenerse hasta que se realicen las reformas necesarias. 

Pero el mecanismo de condicionalidad nunca ha tenido por objeto proteger el Presupuesto de la UE. Si así fuera, también se hablaría de retener fondos de Italia, por ejemplo, donde cada año desaparece mucho dinero de la UE. 

No, el mecanismo de condicionalidad es una herramienta política para obligar a un país de la UE que se aleja de la democracia a volver al redil. El Presupuesto de la UE es la zanahoria y el mecanismo de condicionalidad es un nuevo palo.

La decisión de retener miles de millones de euros a Hungría no podía llegar en peor momento para su economía. La inflación mensual en noviembre superó el 22%, y hay rumores de que el gobierno está considerando la posibilidad de pedir préstamos extranjeros para ayudar a cubrir el déficit presupuestario. Es probable que estos rumores se intensifiquen tras la decisión del lunes.

Y aunque Orbán estaba dispuesto a seguir quemando su capital político en Bruselas, aparentemente ignorante del palo del mecanismo de condicionalidad, hasta ahora no ha dado ningún paso serio hacia la introducción de reformas significativas que atajen la corrupción sistémica en su país.

Sin embargo, es la economía en crisis la que ha provocado meses de protestas de profesores y estudiantes por el mal estado de la educación y los bajos salarios. El jefe de gabinete del primer ministro, Gergely Gulyás, ha dicho en repetidas ocasiones que el Gobierno sólo puede subir los salarios si llegan los fondos bloqueados de la UE. Tras la llegada de parte de esos fondos, la primera medida de Orbán fue subir las pensiones un 15%.

Gulyás dijo que los sueldos de los profesores podrían subir en enero, si se dispone de todos los fondos. Fue una muestra de control por parte del partido en el poder. No temen las protestas y se sienten tan seguros que incluso provocan a los manifestantes con un gesto así. Sin embargo, tras la decisión del lunes, es poco probable que lleguen esos fondos adicionales. Orbán, en todo caso, puede utilizarlo como capital político en casa, y seguir señalando con el dedo a la UE si afirma que no hay dinero. Del mismo modo, si no se hacen reformas y no se liberan fondos, puede argumentar que Bruselas tiene una mano en el cuello del Gobierno húngaro.

Pero, sin duda, la decisión del lunes sigue siendo histórica. Fue una prueba para el propio mecanismo de condicionalidad. Sobrevivió. Y puede volver a utilizarse. 

Por primera vez, los países de la UE disponen de una herramienta y un plan para hacer frente al autoritarismo de uno de los suyos. Hasta este lunes, no estaba claro que los gobiernos de la UE fueran a seguir adelante con Hungría. Había demasiadas otras decisiones urgentes que requerían su apoyo

Gobiernos que podrían haber estado tentados de dar una nueva patada hacia adelante al tema, en realidad estaban atados de pies y manos por sus parlamentos nacionales. En las últimas semanas, el Bundestag alemán y la Asamblea Nacional francesa votaron a favor de bloquear el dinero de la UE a Hungría. Que los parlamentos nacionales sean conscientes de lo que hacen sus gobiernos en Bruselas y los controlen es algo poco frecuente.

La decisión de congelar los fondos a Hungría se tomó por unanimidad, aunque legalmente sólo requería mayoría cualificada. Al final, ni siquiera Polonia votó a favor de Orbán.

Las relaciones entre Hungría y los otros países de Visegrado –República Checa, Polonia y Eslovaquia– se han vuelto cada vez más tensas debido a las políticas de Orbán sobre Rusia y Ucrania. Hungría jugueteando con el paquete de ayuda a Ucrania podría haber sido la gota que colmó el vaso.

Otros países también podrían haber intentado bloquear la decisión: aquellos con altos niveles de corrupción en casa, como Bulgaria y Rumanía, y que en algún momento podrían enfrentarse al mecanismo de condicionalidad. Pero ellos también aceptaron.

El éxito se debe en gran medida al Parlamento Europeo. Cuando se negoció la legislación comunitaria y finalmente se adoptó a finales de 2020, presionó a favor de una herramienta más fuerte, mientras que los gobiernos de la UE en el Consejo querían debilitarla. Una vez que la norma de la UE estuvo en vigor, el Parlamento demandó a la Comisión Europea para obligarla a activar realmente el mecanismo. 

Y luego, cuando la Comisión finalmente lo hizo este otoño y se vio presionada por los gobiernos de la UE, algunos eurodiputados dejaron claro que el Parlamento podría aprobar una moción de censura contra Ursula von der Leyen si la Comisión daba marcha atrás. 

El Parlamento Europeo, así como las Cámaras nacionales, han ayudado –o amenazado, según se mire– a la Comisión Europea y a los gobiernos estatales a hacer lo correcto. 

¿Qué ocurrirá ahora? El megaacuerdo político marca el principio, no el final. El dinero que Hungría va a perder equivale a varios puntos del PIB magiar. ¿Culparán los húngaros a Orbán, cuyos amigos y familiares se han enriquecido con fondos de la UE a lo largo de los años? ¿O culparán a Bruselas por, en palabras de Orbán, castigar a una nación soberana a causa de sus políticas migratorias o LGBTIQ+? El primer capítulo se escribió el lunes por la noche, el siguiente está aún por ver.

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