En la lucha contra el Covid, las patentes son mortales
16 febrero 2022
Europa y Estados Unidos protegen a la industria farmacéutica en lugar de a su población. Sus leyes y contratos con los fabricantes garantizan que la campaña de vacunación no llegue a la mitad de la humanidad.
Nunca antes los científicos habían logrado tanto éxito en tan poco tiempo. Hace apenas un año, los médicos chinos identificaron un nuevo virus potencialmente mortal, el Sars CoV-2. Se ha propagado a un ritmo alarmante y ya se ha cobrado más de dos millones de víctimas. Pero entonces, en menos de 12 meses, biólogos moleculares, médicos e ingenieros consiguieron hacer lo que antes llevaba 10 años o más: desarrollaron cinco vacunas eficaces listas para su producción y uso, y otras tres están a punto de ser aprobadas. Este enorme logro puso al alcance de la mano una empresa grandiosa. La humanidad podría lanzar la mayor campaña de vacunación de la historia y erradicar el virus en poco tiempo. La victoria sobre la enfermedad podría inspirar y unir a la gente más allá de todas las fronteras. La cooperación mundial resuelve los problemas mundiales: ése sería el mensaje.
Pero los gobiernos de los países occidentales industrializados, a los que le gusta invocar los derechos humanos universales, están a punto de desperdiciar esta gran oportunidad. Sus leyes y contratos con los fabricantes garantizan que la campaña de vacunación no llegará a la mitad de la humanidad.
Los datos sobre la compra de vacunas recogidos por el American Duke Institute documentan el fracaso. Como muestra, los países de renta alta de la OCDE –con sólo el 17% de la población mundial– se han reservado el 60% de la producción anual de vacunas disponible a mediados de enero de 2021. Otra medida política pesa aún más: los países industrializados de Occidente se niegan a transmitir gratuitamente los conocimientos técnicos para que los países más pobres puedan ampliar su propia producción de vacunas. En lugar de ello, permiten que sus empresas farmacéuticas aseguren la tecnología contra la imitación mediante patentes e intenten maximizar sus beneficios en todo el mundo con la vacuna.
Esto no sólo es censurable por razones humanitarias, sino que también causará un daño masivo a los propios guardianes de este oligopolio de vacunas. Cuanto más tiempo se propague el virus sin obstáculos por el mundo, más peligrosas serán las mutaciones que se desarrollarán, contra las que las vacunas serán ineficaces. Éstas volverán a propagarse por todo el mundo y la lucha contra la enfermedad será interminable, con consecuencias económicas y políticas devastadoras. En el caso de la variante rampante en Sudáfrica, esto es exactamente lo que ya ha ocurrido. El gobierno de Pretoria suspendió la vacunación con la vacuna adquirida a AstraZeneca porque ya no sirve. El secretario general de la ONU, António Guterres, resumió la consecuencia en Twitter: "Ningún país estará a salvo de Covid-19 a menos que todos los países estén a salvo". Y añadió: "El nacionalismo vacunal no sólo es injusto, sino contraproducente".
Pero por evidente que sea esta verdad, los gobiernos de los países ricos la ignoran negligentemente. Ciertamente, muchos países de la OCDE, entre ellos Alemania y Francia, participan en iniciativas de colaboración público-privada para hacer llegar las vacunas a los más pobres bajo el liderazgo de la Fundación Gates. Así, bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se creó la iniciativa conjunta COVAX. Pero su financiación y alcance son demasiado limitados. Tal y como están las cosas, el programa suministrará un máximo de 2.300 millones de dosis de vacunas a finales de año, con lo que sólo llegará a una quinta parte de la población a la que COVAX está destinado.
De ahí la importancia de crear rápidamente capacidades de producción adicionales. Las empresas y las instalaciones están ciertamente disponibles, pero no el dinero para pagar las licencias de las patentes y los conocimientos técnicos para la producción. Por eso, en octubre, los gobiernos de India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión de las disposiciones vigentes sobre protección de derechos de patente de medicamentos y vacunas contra el Covid-19 hasta que termine la pandemia. El tratado de la OMC sobre "derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC) incluso lo prevé explícitamente en caso de emergencia. No se trata en absoluto de mero simbolismo, asegura el abogado especializado en comercio Mustaqeem de Gama, que asesora a la embajada sudafricana en la OMC. "Unas pocas empresas poseen estos derechos y suscriben licencias exclusivas que limitan artificialmente la producción y hacen subir los precios", explica a Investigate Europe. "Al final, todos tenemos que esperar más para acceder a los productos finales y pagar también más".
Pero EE.UU. y los Estados de la UE rechazaron de plano la propuesta. Una portavoz del Ministerio de Justicia responsable en Alemania declaró que "en opinión del Gobierno alemán, la propuesta no lograría su objetivo". Por el contrario, "la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual proporciona un importante incentivo basado en el mercado para el desarrollo de medicamentos y vacunas por parte de empresas privadas", explicó en vergonzoso unísono con el lobby farmacéutico. "Aunque se suspendieran las patentes, ni una sola dosis adicional llegaría a la población en esta pandemia", afirma Thomas Cueni, director general de la asociación farmacéutica internacional IMFPA, para justificar el bloqueo. Se tardaría entre tres y cinco años en construir una fábrica capaz de producir nuevas y complejas vacunas.
Sin embargo, estos argumentos son sumamente engañosos. El desarrollo de las vacunas Covid-19 fue pagado casi en su totalidad por los contribuyentes. No hay nada de "mercado" en ello. Sólo la empresa alemana Biontech, cuya vacuna comercializa en todo el mundo el gigante farmacéutico Pfizer, recibió alrededor de 500 millones de euros en subvenciones y créditos estatales. Según la organización Médicos sin Fronteras, AstraZeneca recibió unos 1.500 millones de euros, y la empresa estadounidense Moderna llegó a cobrar más de 2.000 millones. Nadie puede justificar por qué estas inversiones estatales deben servir ahora para obtener beneficios privados durante veinte años mediante patentes, mientras miles de millones de personas siguen expuestas al virus sin protección y millones se ven amenazadas por la muerte vírica. La afirmación de que los países del Sur Global no podrán producir la vacuna a tiempo es aún más absurda. En Brasil, Sudáfrica y muchos otros países, la producción de vacunas existe desde hace tiempo y sólo habría que reequiparla. Sólo en India se produce el 60% de las vacunas del mundo. El Instituto del Suero de ese país ya ha adquirido una licencia de AstraZeneca para producir mil millones de dosis. Pero su exportación cuesta ahora más de cinco dólares por dosis, más del doble del precio que pagan los gobiernos de la UE y demasiado para la mayoría de los países pobres. Esta política también es sencillamente estúpida desde el punto de vista geopolítico. Mientras Estados Unidos y Europa protegen los intereses de sus empresas farmacéuticas, los gobiernos de Rusia y China se aprovechan voluntariamente de esta política miope, ofreciendo a los países necesitados sus vacunas en gran medida a precio de coste. Si a las democracias occidentales les queda algo de altura moral, con esta política la van a perder con toda seguridad.
La semana pasada, Angela Merkel y Emmanuel Macron, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribieron en un artículo para la prensa mundial que "la crisis del Covid-19 es la mayor prueba de solidaridad mundial en generaciones". Por ello, es necesaria "una respuesta firme y coordinada a nivel internacional que amplíe rápidamente el acceso a las vacunas y reconozca la inmunización integral como un bien público mundial que debe estar disponible y ser asequible para todos".
Pronto tendrán la oportunidad de demostrar que estas palabras van en serio. El 10 de marzo, el Consejo de la OMC se reunirá de nuevo para decidir sobre la petición de suspender las patentes de vacunas contra el Covid-19. Si los europeos se ponen del lado de los proponentes, es posible alcanzar la mayoría necesaria de tres cuartos. Si no, sus declaraciones serán recordadas como meras palabras hipócritas.
Pero los gobiernos de los países occidentales industrializados, a los que le gusta invocar los derechos humanos universales, están a punto de desperdiciar esta gran oportunidad. Sus leyes y contratos con los fabricantes garantizan que la campaña de vacunación no llegará a la mitad de la humanidad.
Los datos sobre la compra de vacunas recogidos por el American Duke Institute documentan el fracaso. Como muestra, los países de renta alta de la OCDE –con sólo el 17% de la población mundial– se han reservado el 60% de la producción anual de vacunas disponible a mediados de enero de 2021. Otra medida política pesa aún más: los países industrializados de Occidente se niegan a transmitir gratuitamente los conocimientos técnicos para que los países más pobres puedan ampliar su propia producción de vacunas. En lugar de ello, permiten que sus empresas farmacéuticas aseguren la tecnología contra la imitación mediante patentes e intenten maximizar sus beneficios en todo el mundo con la vacuna.
Esto no sólo es censurable por razones humanitarias, sino que también causará un daño masivo a los propios guardianes de este oligopolio de vacunas. Cuanto más tiempo se propague el virus sin obstáculos por el mundo, más peligrosas serán las mutaciones que se desarrollarán, contra las que las vacunas serán ineficaces. Éstas volverán a propagarse por todo el mundo y la lucha contra la enfermedad será interminable, con consecuencias económicas y políticas devastadoras. En el caso de la variante rampante en Sudáfrica, esto es exactamente lo que ya ha ocurrido. El gobierno de Pretoria suspendió la vacunación con la vacuna adquirida a AstraZeneca porque ya no sirve. El secretario general de la ONU, António Guterres, resumió la consecuencia en Twitter: "Ningún país estará a salvo de Covid-19 a menos que todos los países estén a salvo". Y añadió: "El nacionalismo vacunal no sólo es injusto, sino contraproducente".
Pero por evidente que sea esta verdad, los gobiernos de los países ricos la ignoran negligentemente. Ciertamente, muchos países de la OCDE, entre ellos Alemania y Francia, participan en iniciativas de colaboración público-privada para hacer llegar las vacunas a los más pobres bajo el liderazgo de la Fundación Gates. Así, bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se creó la iniciativa conjunta COVAX. Pero su financiación y alcance son demasiado limitados. Tal y como están las cosas, el programa suministrará un máximo de 2.300 millones de dosis de vacunas a finales de año, con lo que sólo llegará a una quinta parte de la población a la que COVAX está destinado.
De ahí la importancia de crear rápidamente capacidades de producción adicionales. Las empresas y las instalaciones están ciertamente disponibles, pero no el dinero para pagar las licencias de las patentes y los conocimientos técnicos para la producción. Por eso, en octubre, los gobiernos de India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión de las disposiciones vigentes sobre protección de derechos de patente de medicamentos y vacunas contra el Covid-19 hasta que termine la pandemia. El tratado de la OMC sobre "derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC) incluso lo prevé explícitamente en caso de emergencia. No se trata en absoluto de mero simbolismo, asegura el abogado especializado en comercio Mustaqeem de Gama, que asesora a la embajada sudafricana en la OMC. "Unas pocas empresas poseen estos derechos y suscriben licencias exclusivas que limitan artificialmente la producción y hacen subir los precios", explica a Investigate Europe. "Al final, todos tenemos que esperar más para acceder a los productos finales y pagar también más".
Pero EE.UU. y los Estados de la UE rechazaron de plano la propuesta. Una portavoz del Ministerio de Justicia responsable en Alemania declaró que "en opinión del Gobierno alemán, la propuesta no lograría su objetivo". Por el contrario, "la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual proporciona un importante incentivo basado en el mercado para el desarrollo de medicamentos y vacunas por parte de empresas privadas", explicó en vergonzoso unísono con el lobby farmacéutico. "Aunque se suspendieran las patentes, ni una sola dosis adicional llegaría a la población en esta pandemia", afirma Thomas Cueni, director general de la asociación farmacéutica internacional IMFPA, para justificar el bloqueo. Se tardaría entre tres y cinco años en construir una fábrica capaz de producir nuevas y complejas vacunas.
Sin embargo, estos argumentos son sumamente engañosos. El desarrollo de las vacunas Covid-19 fue pagado casi en su totalidad por los contribuyentes. No hay nada de "mercado" en ello. Sólo la empresa alemana Biontech, cuya vacuna comercializa en todo el mundo el gigante farmacéutico Pfizer, recibió alrededor de 500 millones de euros en subvenciones y créditos estatales. Según la organización Médicos sin Fronteras, AstraZeneca recibió unos 1.500 millones de euros, y la empresa estadounidense Moderna llegó a cobrar más de 2.000 millones. Nadie puede justificar por qué estas inversiones estatales deben servir ahora para obtener beneficios privados durante veinte años mediante patentes, mientras miles de millones de personas siguen expuestas al virus sin protección y millones se ven amenazadas por la muerte vírica. La afirmación de que los países del Sur Global no podrán producir la vacuna a tiempo es aún más absurda. En Brasil, Sudáfrica y muchos otros países, la producción de vacunas existe desde hace tiempo y sólo habría que reequiparla. Sólo en India se produce el 60% de las vacunas del mundo. El Instituto del Suero de ese país ya ha adquirido una licencia de AstraZeneca para producir mil millones de dosis. Pero su exportación cuesta ahora más de cinco dólares por dosis, más del doble del precio que pagan los gobiernos de la UE y demasiado para la mayoría de los países pobres. Esta política también es sencillamente estúpida desde el punto de vista geopolítico. Mientras Estados Unidos y Europa protegen los intereses de sus empresas farmacéuticas, los gobiernos de Rusia y China se aprovechan voluntariamente de esta política miope, ofreciendo a los países necesitados sus vacunas en gran medida a precio de coste. Si a las democracias occidentales les queda algo de altura moral, con esta política la van a perder con toda seguridad.
La semana pasada, Angela Merkel y Emmanuel Macron, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribieron en un artículo para la prensa mundial que "la crisis del Covid-19 es la mayor prueba de solidaridad mundial en generaciones". Por ello, es necesaria "una respuesta firme y coordinada a nivel internacional que amplíe rápidamente el acceso a las vacunas y reconozca la inmunización integral como un bien público mundial que debe estar disponible y ser asequible para todos".
Pronto tendrán la oportunidad de demostrar que estas palabras van en serio. El 10 de marzo, el Consejo de la OMC se reunirá de nuevo para decidir sobre la petición de suspender las patentes de vacunas contra el Covid-19. Si los europeos se ponen del lado de los proponentes, es posible alcanzar la mayoría necesaria de tres cuartos. Si no, sus declaraciones serán recordadas como meras palabras hipócritas.