El Tratado sobre la Carta de la Energía empieza a deshacerse, pero los riesgos persisten
16 noviembre 2022
Los Estados de la UE están abandonando uno tras otro el controvertido Tratado sobre la Carta de la Energía. Esto se debe a que, en virtud del TCE, las empresas pueden emprender acciones legales contra los Estados que se retiren del carbón, el petróleo o el gas y retrasar así medidas climáticas cruciales.
España, Países Bajos, Polonia y Francia. La lista de gobiernos que han anunciado su intención de romper con el controvertido Tratado sobre la Carta de la Energía ha crecido rápidamente en los últimos meses. La semana pasada, Eslovenia y Alemania fueron los últimos en anunciar que también abandonaban el acuerdo. Otros Estados de la UE podrían seguir pronto su ejemplo. Pero incluso después de las salidas, la Carta podría seguir bloqueando los planes de transición energética de los Estados durante décadas.
Hasta hace unos años casi nadie, salvo un puñado de expertos, tenía idea de lo que había detrás del Tratado sobre la Carta de la Energía. El acuerdo, firmado en 1994, debía garantizar las inversiones de las empresas de la UE en los antiguos Estados soviéticos. Hoy, sin embargo, las compañías europeas utilizan el Tratado sobre todo para demandar a los Estados de la UE si consideran que están siendo tratadas "injustamente". La empresa energética alemana RWE recurrió recientemente a la Carta para demandar a los Países Bajos por valor de 1.400 millones de euros porque el país adelantó sus planes de eliminación progresiva del carbón.
Investigate Europe desveló, el año pasado, que el Tratado protegía al menos 344.600 millones de euros en infraestructuras fósiles en Europa. La mera amenaza de una demanda basta para que los gobiernos se replanteen sus planes de eliminación. Poco después de que Francia anunciara hace unos años que quería prohibir por completo la extracción de combustibles fósiles, el ministro responsable recibió una carta. En ella, la empresa petrolera Vermilion amenazaba abiertamente con una demanda judicial. La versión final de la ley permitió la producción de petróleo hasta 2040.
A pesar de la salida, los riesgos persisten. Las empresas energéticas aún pueden utilizar la Carta para demandar ante tribunales de arbitraje a países que pronto serán exsignatarios, como Alemania y Francia, lo que debilitará aún más sus ya mediocres esfuerzos en materia climática. La culpa la tiene el artículo 47 del Tratado, ya que en él los fundadores estipularon que seguiría en vigor durante 20 años desde la retirada. Un tribunal condenó recientemente a Italia, el primer Estado de la UE que abandonó el Tratado en 2016, a pagar 240 millones de euros a la petrolera británica Rockhopper por su decisión de prohibir las prospecciones petrolíferas frente a las costas italianas en 2015.
Pero a pesar de esta cláusula contractual, los Estados de la UE podrían negociar un pacto que dificulte a las empresas energéticas europeas demandarles por posibles prohibiciones sobre el petróleo, el carbón o el gas. Con el llamado acuerdo inter se, podrían acordar que los inversores de la UE ya no pudieran demandar a los Estados miembros. El efecto sería enorme: en dos de cada tres casos relacionados con la Carta de la Energía, los inversores europeos demandan a la UE.
A principios de octubre, la Comisión Europea ya había redactado un proyecto de acuerdo y lo había presentado a los Estados miembros. Pero en lugar de seguir adelante con el pacto común europeo, funcionarios de la UE persistieron en hacer campaña para permanecer en el TCE. Sin éxito.
El martes de esta semana, los Estados de la UE querían decidir si aceptaban la versión modernizada en la Conferencia anual sobre la Carta de la Energía, a finales de noviembre. Pero la decisión se ha pospuesto por el momento. A la vista de los recientes anuncios de varios gobiernos de abandonar el Tratado, la aprobación europea parece poco probable.
Ahora la Comisión debe actuar con rapidez, junto con los Estados miembros, para desterrar de una vez la influencia de las empresas energéticas sobre las necesarias medidas climáticas. El fin del Tratado sobre la Carta de la Energía sólo puede ser el principio.
Hasta hace unos años casi nadie, salvo un puñado de expertos, tenía idea de lo que había detrás del Tratado sobre la Carta de la Energía. El acuerdo, firmado en 1994, debía garantizar las inversiones de las empresas de la UE en los antiguos Estados soviéticos. Hoy, sin embargo, las compañías europeas utilizan el Tratado sobre todo para demandar a los Estados de la UE si consideran que están siendo tratadas "injustamente". La empresa energética alemana RWE recurrió recientemente a la Carta para demandar a los Países Bajos por valor de 1.400 millones de euros porque el país adelantó sus planes de eliminación progresiva del carbón.
Investigate Europe desveló, el año pasado, que el Tratado protegía al menos 344.600 millones de euros en infraestructuras fósiles en Europa. La mera amenaza de una demanda basta para que los gobiernos se replanteen sus planes de eliminación. Poco después de que Francia anunciara hace unos años que quería prohibir por completo la extracción de combustibles fósiles, el ministro responsable recibió una carta. En ella, la empresa petrolera Vermilion amenazaba abiertamente con una demanda judicial. La versión final de la ley permitió la producción de petróleo hasta 2040.
A pesar de la salida, los riesgos persisten. Las empresas energéticas aún pueden utilizar la Carta para demandar ante tribunales de arbitraje a países que pronto serán exsignatarios, como Alemania y Francia, lo que debilitará aún más sus ya mediocres esfuerzos en materia climática. La culpa la tiene el artículo 47 del Tratado, ya que en él los fundadores estipularon que seguiría en vigor durante 20 años desde la retirada. Un tribunal condenó recientemente a Italia, el primer Estado de la UE que abandonó el Tratado en 2016, a pagar 240 millones de euros a la petrolera británica Rockhopper por su decisión de prohibir las prospecciones petrolíferas frente a las costas italianas en 2015.
Pero a pesar de esta cláusula contractual, los Estados de la UE podrían negociar un pacto que dificulte a las empresas energéticas europeas demandarles por posibles prohibiciones sobre el petróleo, el carbón o el gas. Con el llamado acuerdo inter se, podrían acordar que los inversores de la UE ya no pudieran demandar a los Estados miembros. El efecto sería enorme: en dos de cada tres casos relacionados con la Carta de la Energía, los inversores europeos demandan a la UE.
A principios de octubre, la Comisión Europea ya había redactado un proyecto de acuerdo y lo había presentado a los Estados miembros. Pero en lugar de seguir adelante con el pacto común europeo, funcionarios de la UE persistieron en hacer campaña para permanecer en el TCE. Sin éxito.
El martes de esta semana, los Estados de la UE querían decidir si aceptaban la versión modernizada en la Conferencia anual sobre la Carta de la Energía, a finales de noviembre. Pero la decisión se ha pospuesto por el momento. A la vista de los recientes anuncios de varios gobiernos de abandonar el Tratado, la aprobación europea parece poco probable.
Ahora la Comisión debe actuar con rapidez, junto con los Estados miembros, para desterrar de una vez la influencia de las empresas energéticas sobre las necesarias medidas climáticas. El fin del Tratado sobre la Carta de la Energía sólo puede ser el principio.